ANDRÉS TIMOTEO
EL REY DEL ‘MOCHE’
Que cumpla su palabra empeñada públicamente. Hace poco más de un mes, el 5 de septiembre, el diputado tuxtleco Juan Gómez Cazarín prometió desde Ciudad Mendoza que renunciaría a la curul si alguien aportaba una prueba de que exigía a los alcaldes o exalcaldes “moches” para arreglar sus cuentas públicas o estaba involucrado en actos de corrupción que tuvieran como trasfondo beneficiarse del erario municipal.
Pues bien, el fin de semana ya se difundió una de esas pruebas pues en las redes sociales circuló el audio de una llamada telefónica en la que Gómez Cazarín le da instrucción a un tal “Chiquis” -dicen que se trata del también diputado local, Rafael Fararoni de San Andrés Tuxtla, socio, él y su papá, Rafael Fararoni Mortera, exalcalde del lugar y apodado el “Zar de Vicio” del mismo legislador- para presionar a la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, María Elena Solana a fin de que cumpla el acuerdo de otorgarle contratos millonarios de obra pública a las compañías constructoras de su propiedad.
Es decir, el tal Gómez, famoso por siempre aparecer involucrado en todo acto de corrupción y negocios al amparo del poder que se ventila, tendría empresas constructoras que opera a través de prestanombres para acaparar la obra pública de muchos municipios, uno de ellos San Andrés Tuxlta donde la edil morenista está bajo amenaza de ser investigada por el congreso local si no cumple con los ‘cochupos’ que le exige el popular “Carón”.
Tan es así que el mismo fin de semana la legislatura, donde Gómez Cazarín maneja la Junta de Coordinación Política, ordenó la intervención de la tesorería municipal y enviaron sendas auditorias a la alcaldesa tuxtleca. ¿Así o más clara la presión de este individuo para que Solana Calzada le suelte los contratos millonarios? Los conocedores del asunto afirman que “El Carón” está peleando hincarle el diente por lo menos 20 millones de pesos del presupuesto sanandresano.
Su voracidad es tal que ya en los pasillos legislativos se comenzó a hablar de que incluso decretarían la desaparición de poderes en San Andrés Tuxtla para destituir a la alcaldesa y nombrar un concejo municipal que le responda y obedezca directamente al manejador del congreso local. Esta versión se intensificó al conocerse la grabación telefónica de Gómez Cazarín exigiendo su “moche” en la obra pública.
El diputado morenista culpa a un hijo de la alcaldesa de ser difundió el audio donde lo exhiben como extorsionador, de ahí su rabia y sus amagos de instrumentalizar al Poder Legislativo con el fin de vengarse por haber expuesto sus negocios turbios y negarse a cumplir pactos para medrar indebidamente de los fondos municipales.
Gómez y sus voceros se apuraron a difundir en redes sociales que la voz que se oye en la grabación no es suya, pero esa es una defensas más que pueril. Claro que es su voz con todos sus falsetes, muletillas y tonos de rancho que lo caracterizan. Ni para que lo niegue. Aunque también existen expertos en fonoaudiología y logopedia que pueden confirmar si lo es o no. Que se someta a un peritaje para comparar científicamente la grabación con su propia expresión vocal para desengañar a la opinión pública. ¿A que no lo hace? Apuesten lo que quieran.
La grabación es una prueba sonante y contante de que el motejado “Carón” ha hecho de la extorsión, los “moches” y los negocios con la obra pública y otros servicios en los ayuntamientos su mecanismo para enriquecerse a costa del cargo que ostenta. Recuerden que en Córdoba, el ayuntamiento del morenista Juan Martínez le dio un contrato por casi 16 millones de pesos a una empresa que comparte con Fararoni Mortera a la cual le renta camiones recolectores de basura.
Entonces, como el mismo Gómez lo pidió, ahí está una prueba de su corrupción. Hoy lunes se espera que presente su licencia a la diputación. Hay que exigirle que cumpla su palabra y se vaya del congreso local como lo juró. Sin duda que al tipo le aplica la frase shakesperiana de que “es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras”. Y el impresentable Gómez no solo es esclavo de sus palabras sino también es el rey del ‘moche’.
FUERON ELLOS MISMOS
La semana pasada, el gobierno federal pidió perdón a los familiares de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, originaria de Misantla, por no hacerle justicia. Así lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la cual familiares y organizaciones no gubernamentales denunciaron al Estado mexicano por los vicios y manoseo del proceso judicial que debía esclarecer su asesinato.
Pero las disculpas no las ofreció el presidente López Obrador quien era el jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuando Digna fue asesinada – el 19 de octubre del 2001 fue encontrada muerta en su despacho con un tiro en la cabeza-, sino un funcionario segundón, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos – quien lo sucedió en cargo capitalino, pero hasta el 2005-.
Los que manosearon el expediente y pervirtieron las investigaciones para impedir que Digna Ochoa tuviera justicia fueron ellos mismos, no fueron los gobiernos ‘conservadores’ o ‘neoliberales’. López Obrador era el gobernante de la ciudad, ya se dijo, y Bernardo Batiz, su incondicional, despachaba procurador de Justicia y hoy es flamante integrante del Consejo de la Judicatura Federal.
¿No es una paradoja? El que difamó a Digna, acusó que estaba loca, y la hizo responsable de su propia muerte pues cerró el expediente como un suicidio, ahora es uno de los encargados de vigilar el buen comportamiento de los jueces. A 21 años, los agresores de la víctima solo piden perdón, pero no hay nadie en la cárcel ni por haberla matado ni por agraviarla ‘pos mortem’.
Jesús Ochoa, hermano de Digna no lo pudo resumir mejor: “enfrentamos humillaciones, burlas, malos tratos de las propias autoridades y la parte más ruin y cobarde fue que insultaron, enlodaron, descalificaron la imagen y la memoria de mi hermana, lo hicieron los de un gobierno de ‘izquierda’ que enlodó la memoria de Digna”. Ah y saben quién era el fiscal del caso que dijo que la activista se había matado sola, Renato Sales, hoy fiscal de Campeche con la morenista Layda Sansores.