Por Andrés Timoteo
MENSAJE DADO
La ciudadanía está enojada, regresó el ‘mal humor social’ como se le llamaba a la repulsa popular en el peñato. Ayer miles coparon la plancha del zócalo en la Ciudad de México y lo mismo en decenas de ciudades al interior del país para defender las instituciones electorales de las arremetidas absolutistas de quien despacha en palacio nacional.
¡El INE no se toca!, fue el grito el 13 de noviembre del 2022, la primera movilización ciudadana. ¡Mi voto no se toca!, fue el clamor de ayer. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya tienen el mensaje ciudadano y deberán acatarlo tumbando el Plan B del lopezobradorismo que atenta contra la democracia y busca regresar el control de los comicios y, por ende, el robo del voto, al gobierno.
PATRÓN DE CONDUCTA
La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expidió la Recomendación 51CG/2022 al gobernante estatal Cuitláhuac García y a su fiscala, Verónica Hernández por violaciones graves a los derechos humanos contra el empresario Antonio May González y sus trabajadores en Río Blanco.
El 25 de junio, policías estatales allanaron una bodega de su propiedad sin mandato judicial, golpearon a los empleados, robaron bienes y les ‘sembraron’ mercancía robada para acusarlos que ser parte de una banda de ladrones. Inicialmente deslizaron que también servía como “casa de seguridad” para retener a personas secuestradas. Nada era cierto.
¿Cuál fue la respuesta del gobernante ante la recomendación de la CNDH? Se quejó que no consideró -léanlo bien – la ¡presunción de culpabilidad!, pues en esa bodega se sospecha del tráfico de mercancía robada. Por sus pistolas, le dio la vuelta a la ley pues en el Apartado B del artículo 20 constitucional se establece claramente la presunción de inocencia, nunca se menciona la “presunción de culpabilidad” con la que busca no aceptar la recomendación de la CNDH. Así de sobrado como de iletrado.
No es la primera vez el cuitlahuismo viola los derechos humanos y se niega a aceptar una recomendación del ombudsman. En febrero del año pasado el mandatario también rechazó la Recomendación 51VG/2022 recibida porque policías ministeriales torturaron, abusaron sexualmente y amenazaron a July Raquel Flores Garfias, detenida en la Ciudad de México el 6 de noviembre del 2021.
La mujer fue acusada de ser una de las autoras del homicidio de Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de la Universidad Valladolid., baleada el 29 de junio de 2020. Por supuesto, todos deducen que July Raquel es un ‘chivo expiatorio’ usado para cerrar el caso. Otro ‘chivo expiatorio” fue Oscar Felipe a quien se detuvo y acusó de asesinar al chef jalapeño Miguel Ángel Sulvarán, en octubre del 2022.
El pasado 15 de febrero tuvo que ser liberado porque la justicia federal lo amparó ya que la fiscala cuitlahuista no pudo comprobar las acusaciones. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 091/2022 pues los policías torturaron, violaron sexualmente con un palo de escoba y obligaron a auto-incriminarse al joven tuxtleco.
Todo fue un invento para encontrar un culpable a modo. Lo mismo sucedió con los seis jóvenes detenidos en septiembre del 2021 en un centro comercial de Jalapa que fueron acusados de “abusos a la autoridad” cuando en realidad estaban siendo escarmentados por reclamarle el pago de daños a Jorge Alberto Chávez, el secretario particular de Patrocinio Cisneros, secretario de Gobierno, por un accidente vial.
Los seis chicos estuvieron tres meses encarcelados hasta que el tinglado se cayó pues un juez federal ordenó su liberación luego de que se comprobara que no cometieron ninguno de los delitos que les imputaba. A través de las cámaras de vigilancia del centro comercial se corroboró que ni portaban armas ni agredieron a los agentes ni se resistieron a la detención.
Por ese caso, la CNDH también dirigió la Recomendación 146/2021 a García Jiménez, a su fiscala Hernández y al entonces secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, por las violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal de los seis jóvenes.
El resumen de estos casos citados es que nada fue fortuito sino un patrón de conducta del gobierno de García Jiménez que terminó convertido en un violador reincidente de los derechos humanos.
LOS TORTURA-NIÑOS
Aunque no hubo recomendación de un ombudsman -no porque no se hayan violado los derechos sino porque no dio tiempo de desahogar la queja-, algo similar sucedió en marzo del 2021 cuando la policía estatal ‘desapareció’ por casi 24 horas a otros seis jóvenes de Orizaba.
Los familiares reaccionaron rápidamente denunciando el caso en la prensa y con apoyo del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, lograron que los seis muchachos fueron presentados con vida ante un juez que luego los liberó porque pudieron probarles los delitos de “abusos de autoridad” ni ser parte de una banda delictiva, de lo que les acusó.
Los policías y la Fiscalía estales andan desbocados, no reparan en nada porque hasta niños son detenidos y torturados como el caso de Carlitos, un estudiante de secundaria de 13 años quien junto con su hermano de 22 años fue detenido por policías estatales el pasado 13 de febrero en Cosoleacaque por tener “aspecto sospechoso”.
Al niño y a su hermano los golpearon a puño limpio, asfixiaron con bolsas de plástico en la cabeza y sumergiéndolos en baldes de agua, les dieron toques eléctricos en los testículos, los azotaron con tablas y los amenazaron con asesinarlos, descuartizarlos y enterrarlos en las dunas de la localidad “para que nunca los encuentren”.
La tortura se realizó a bordo de una patrulla y en las instalaciones del C4 en Coatzacoalcos. Los chicos no van a interponer querella porque los policías les advirtieron que irán por ellos y toda su familia para matarlos si los denunciaban. ¿Alguien sabe cómo se llaman el delegado de SSPE y el director del C4 en Coatzacoalcos? Son los tortura-niños de la policía cuitlahuista.
*Envoyé depuis Paris, France