Andrés Timoteo
FUE EL ESTADO
No se ahogaron en el río Bravo, no murieron de sed en medio del desierto de Arizona, tampoco fueron cazados por los ´minutemen’, los rancheros norteamericanos que consideran a los migrantes latinos como una plaga a exterminar, ni cayeron en las garras del crimen organizado que los esclaviza, roba y masacra.
No, el grupo de migrantes centro y sudamericanos que perecieron la noche del lunes en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron privados de la vida por el Estado mexicano. Sus verdugos fueron funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que los dejaron encerrados como animales en una mazmorra a pesar de que las llamas amenazaban con achicharrarlos, y que finalmente los carbonizaron.
Son 39 víctimas mortales pero la cifra puede elevarse pues hay otros 28 heridos, algunos de gravedad. ¿Se podía salvarlos?, claro. ¿Se pudo abrir las rejas para que escaparan del fuego?, por supuesto. ¿Pudieron evitar la tragedia?, sin duda. Pero no lo hicieron porque el sistema migratorio en México no está pensado en el bienestar del extranjero necesitado que se aventura a caminar tierra ajena sin papeles.
Francisco Garduño, el comisionando titular del INM es un tipo oscuro que al inicio del presente sexenio se desempeñó como encargado de las prisiones federales. Su formación es policíaca y no contempla los derechos humanos sino las cárceles, garrotazos y la vejación de la dignidad de las personas. El el trato a los migrantes es la aplicación sobre terreno del “humanismo mexicano” que pregona el caudillo tropical.
Efectivamente, fue el Estado el responsable de la tragedia en la garita de Juárez. Fue la política pública del gobierno lopezobradorista para con los migrantes extranjeros. Fueron los funcionarios de las “cuarta transformación” los que cargan esos muertos.
Ya no le pueden echar la culpa a los del pasado, ni a panistas ni a priistas porque son ellos, los morenistas y los lopezobradoristas, lo que tienen a su cargo el aparato para tratar el tema migratorio. Los 39 migrantes quemados estaban detenidos, sujetos a un proceso de expulsión, por lo tanto su resguardo lo tenía el Estado. Su seguridad era responsabilidad del gobierno.
¿Qué dirá ahora el padre pro-4T Alejandro Solalinde exdefensor de los migrantes y transfigurado en un feroz gobiernista? Escribió un tuit diciendo que el culpable es el INM creación de Carlos Salinas, o sea el pasado fue el que mató a los migrantes, no los funcionarios presentes. No el régimen de la “cuarta transformación” y no el presidente Andrés Manuel López Obrador al que compara con Jesucristo.
Cuando comenzó la crisis de los migrantes en el 2019 y López Obrador envió 26 mil efectivos de la Guardia Nacional a atajarlos en la frontera sur, apalearlos y detenerlos con fines de expulsión, Solalinde se atrevió a culpar a los mismos indocumentados de prestarse a un complot para afectar al gobierno.
Ahora, a su posicionamiento por los 39 quemados solo le faltó agregar que ellos mismos se murieron en las llamas para desprestigiar al tabasqueño. Y no es elucubración sino lineamiento pues el mismo López Obrador, horas después del incendio en Ciudad Juárez, acusó a los fallecidos de haber sido ellos los que prendieron el fuego.
Es decir, ellos son culpables de su propia muerte. No son víctimas sino pirómanos. Esta afirmación desafortunada es, a la vez el indicio de cómo terminará el asunto: el sacrificio de algunos ‘chivos expiatorios’ por la presión mediática, pero impunidad para los altos funcionarios.
No solo es Garduño Yáñez del INM, sino de sus superiores, uno de ellos Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación y ‘brother’ de López Obrador. El INM depende de la Segob en lo operativo y López Hernández debería responder por lo sucedido.
También horas después de la tragedia, López Hernández se desligó del caso y lo trasladó al canciller Marcelo Ebrard en un intento de desviar la atención pública de su persona. Cierto, el secretario de Relaciones Exteriores tiene el tema migratorio pero en el rubro de la diplomacia , no en el manejo de los centros de retención. La responsabilidad es, pues, de López Hernández.
Pero este señor ya partidizó la tragedia porque sabe que lo dejará mal parado en el contexto de su proyecto electoral y literalmente le arrojó los muertos a Ebrard y éste a su vez se los devolvió alegando que “cada quien debe responsabilizarse de lo suyo”. Sobre los cadáveres calcinados de los migrantes, los dos están en la rebatinga para sacudirse la responsabilidad y no salir afectados electoralmente.
CANDADOS A LA PICOTA
En agosto del 2010 cuando el cartel de Los Zetas secuestró, torturó, asesinó y sepultó en una fosa clandestina a 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, López Obrador fue uno de los fustigadores más inflexibles contra el entonces mandatario, el panista Felipe Calderón.
Le exigió que renunciara porque era responsable de esos muertos, que estúpidamente “había pateado el avispero” con su guerra contra el narco, que su administración y corporaciones policíacas estaban infiltradas por la delincuencia y que no había Estado de derecho por su culpa.
Hoy, López Obrador se mira en ese mismo espejo, pero niega la responsabilidad de su gobierno y califica de “zopilotes” que “lucran con el dolor” a los que exigen justicia y castigo a los responsables.
El final del entuerto ya está cantado: algunos custodios del INE, un par de guardias privados y hasta un migrante terminarán en la cárcel. No se tocará a ningún alto funcionario, mucho menos a las “corcholatas’ a pesar de que ellas cargan sobre sus espaldas esos 39 muertos.
Y en una de esas hasta dictaminan que los principales culpables son los candados que cerraban la mazmorra así como se dijo que fueron los pernos en el accidente de la Línea 12 del Metro donde perecieron 26 personas para salvar a la “corcholata” predilecta, Claudia Sheinbaum. Nadie dude que en Ciudad Juárez se atrevan a emitir un peritaje forense igual de oprobioso. Y colorín colorado…
*Envoyé depuis Paris, France.