Por Andrés Timoteo
EL “PRESO POLÍTICO”
Mensajitos entre iguales. El gobernante en turno, Cuitláhuac García, y uno de sus antecesores, Javier Duarte, están en pleno “diálogo circular” en la prensa y redes sociales. El primero se queja de los jueces federales que otorgaron una suspensión provisional a Duarte sobre la última imputación de la Fiscalía estatal por incumplimiento de un deber legal.
Amagó con denunciar penalmente a los juzgadores que le otorguen más amparos mezclando en su diatriba la última acusación -muy endeble jurídicamente- con el proceso judicial por desaparición forzada de personas mismo que no integró la Fiscalía cuitlahuista sino que viene desde el bienio yunista y su constructor fue el oaxaqueño Jorge Winckler, hoy encarcelado como castigo por ir tras los duartistas.
Duarte de Ochoa a través de las redes sociales y de sus abogados respondió a García Jiménez pidiendo que no se meta en el caso ni condicione a los jueces para actuar por consigna. Además confirmó -tal vez sin querer, tal vez adrede – lo que ya todos sabían: que las acusaciones en su contra son políticas más que judiciales.
Tiene razón, pero en parte. Las imputaciones políticas son las que se promovieron desde que comenzó la “cuarta transformación” a nivel estatal y federal. El enojo del exgobernador es porque los morenistas no han terminado de cumplir el acuerdo de impunidad negociado desde las elecciones del 2018 y lo dejaron en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Ese pacto fue cubierto de forma parcial pues a todos sus excolaboradores fueron excarcelados inmediatamente de que García Jiménez asumió el mandato, pero a él lo mantienen preso y hasta le iniciaron nuevas carpetas de investigación.
También es cierto que esas nuevas pesquisas están integradas de tal modo a fin de que se caigan cuando lleguen a los tribunales federales, pero de momento sirven para retenerlo tras las rejas. Dejarlo libre es demasiado costoso política y electoralmente, por eso nada más le cumplieron una parte del trato.
Después, el gobernante que llegue, sea a nivel federal o estatal, tendrá que lidiar con los amparos y órdenes de liberación pues así se proyectó el asunto. Tal vez pasando el 2024, Duarte ya no sea tan ‘radiactivo’ y obtenga su libertad pese a la gravedad de lo que hizo.
Por lo anterior, los mensajes tuiteros de Javier Duarte a Cuitláhuac García nada tienen que ver con asuntos jurídicos sino que deben leerse como un reproche a un socio incumplido. ¿Y las maletas con dinero para tu campaña electoral y la operación en las elecciones para que ganaras? Pareciera reclamarle.
Quién iba a decir que hoy Duarte se asume como “preso político” de aquellos que financió para que llegarán al poder. Vaya, los recados cuasi existenciales entre Duarte y Cuitláhuac son tan bizarros que hasta parece la trama de la novela “Primavera con una esquina rota” del uruguayo Mario Benedetti, aunque las abuelas en el pueblo lo resumirían simplemente en que “se pelearon las comadres y destaparon los tamales”.
LA “DOCTORA” GALINDO
Otro caso para la risa convulsiva es el de la diputada local por Jalapa, la morenista Rosalinda Galindo quien asegura que tiene igual conocimiento jurídico que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en especial presume un rasero en materia constitucional similar al de la ministra presidenta Norma Piña Hernández.
Por eso sostiene que el Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador “es constitucional” y no debió ser invalidado por el máximo tribunal del país. Así, de sopetón, Galindo puso en su lugar a los ministros ya que, según ella, tiene la preparación jurídica suficiente para señalarles sus errores.
¿Y qué preparación es esa? Pues la que está en su imaginación de vuelo ligero y expresa con su lengua sin hueso. Si se revisa el currículum de la señora Galindo que apareció un tiempo en la página oficial del congreso del estado se confirma que es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana.
Además hizo el “curso Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio” impartido por el Senado de la República y paren de contar. Ni maestría ni doctorado ni post-doctorado como lo tienen Piña y los otros ministros de la SCJN. Vaya, la diputada ni siquiera cuenta en su haber con un diplomado formal que es la capacitación mínima después del grado de licenciatura.
Eso sí, Galindo Silva tiene un “doctorado honoris causa” en nepotismo pues acomodó a 16 familiares en el gobierno estatal, el ayuntamiento de Jalapa y en el congreso del estado. Los Galindo, anexos y conexos, se embolsan al mes casi un millón de pesos de la nómina pública.
Por cierto, los acuciosos afirman que la intención del tuxtleco Juan Gómez, encargado de la Junta de Coordinación Política, y el resto de los diputados morenistas en el congreso local para armar un plantón de protesta frente a la sede de la Suprema Corte en próximo 20 de mayo tiene un trasfondo local paralelo a la invalidación del Plan B electoral.
Lo harán por el resquemor hacía a los ministros que han tirado 23 leyes aprobadas en la legislatura veracruzana y que estaban ‘hechas con las patas’. Serían 24 pero ayer la SCJN validó los nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, aunque está pendiente el dictamen de fondo sobre la constitucionalidad de sustituir ese órgano jurisdiccional por uno de nueva creación.
Entonces, ir a gritarles a los ministros es más para desquitar su enojo por exhibirlos como unos orejones rebuznadores. Bien dicen, otra vez las abuelas del pueblo, que “no es indio el que no se venga” -de vengarse, eh-, aunque esta vendetta sea muy pírrica.
Tan arrapieza es dicha convocatoria que hasta la dirigencia nacional de Morena se deslindó de la misma. El motivo no hay que pensarlo mucho: hasta la SCJN llegará la calificación de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, este año, y todas las del 2024, incluida la de Veracruz. Obvio, eso no lo ven los cuitlahuistas que son muy enanos de miras.
*Envoyé depuis Paris, France.