Andrés Timoteo
ABYECCIÓN AURELIANA
Es un escándalo ignominioso el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández a quien la pretendieron castigar con cárcel ¡por haber dado cumplimiento a un mandato de la justicia federal! El cuitlahuismo se arrojó contra ella pervirtiendo todo lo legal y convirtiendo al Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE) en una mera oficina ajustadora de las pifias de la Fiscalía estatal.
A la jueza no solo la detuvieron ilegalmente y con lujo de violencia sino que la sometieron a tortura, le ‘sembraron’ droga y armas, la obligaron a disparar una pistola para que quedaran residuos de pólvora en sus manos y así sostener el embuste de que atacó a tiros a los policías. Una falsa prueba forense para justificar el delito de “ataque a las instituciones de seguridad pública”.
También le falsificaron firmas en documentos presentados por la Fiscalía y además la torturaron en las instalaciones policíacas. Todo con el objetivo de mantenerla presa al menos por un año como castigo por acatar el amparo concedido a un reo que está acusado de asesinar al diputado local, Juan Carlos Molina.
Los bien enterados del proceso aseguran dos cosas: Una, que el detenido por ese homicidio no es el verdadero autor material sino que se trata de un “chivo expiatorio” usado por la Fiscalía. Y dos, que a pesar de tener a un imputado, la fiscala Hernández hizo tan mal su trabajo -como siempre- que no pudo aportar las pruebas que comprobasen que cometió el homicidio.
Con el amparo obtenido por el procesado se cae, como un castillo de naipes, el tinglado de la Fiscalía y ante tal esperpento se desató la furia sobre la jueza Sánchez que por ley está obligada a dar cumplimiento a las ordenanzas sobre la protección de la justicia federal. Tal es el meollo.
Para escarmentarla, el cuitlahuismo echó mano de todas las ilegalidades. Vaya, hasta la presidenta del TSJE, Aurelia Jiménez se prestó vergonzosamente al artilugio pues citó a la jueza a una reunión para que fuera detenida por la policía estatal. Es decir, le puso la celada sin importarle ni siquiera la famosa sororidad para con una colega.
Si sus antecesoras al frente del Poder Judicial, Sofía Martínez e Isabel Romero degradaron la autonomía de la institución poniéndola al servicio del gobierno estatal, Jiménez Aguirre rebasó toda medida y llevó el servilismo al grado de vileza. Es la abyección aureliana.
¿Cómo explicar que la jefa de los jueces monte una trampa a una juzgadora y permita que la Fiscalía le ‘siembre’ armas y droga, la torture y la obligue a autoimplicarse en un delito inventado? ¿Y si eso le hace Aurelia Jiménez a una jueza qué no le hará a un ciudadano común?
Pero la artimaña contra Sánchez Hernández estuvo tan mal planeada – hasta para hacer tropelías son torpes – que se estrelló contra la ley pues el encarcelamiento apenas duró unas horas y tuvo que ser puesta en libertad por falta de sustento para acreditar la prisión oficiosa.
Cierto, el expediente lo mantendrán abierto aunque durará hasta que llegue a un juzgado o un tribunal federal que lo echarán por tierra. Este caso es bochornoso porque demuestra el nivel que ha alcanzado la mentira, la difamación y la fabricación de culpas en el sistema judicial y la fiscalía veracruzanos.
IGUAL QUE PASIANO
La ‘cereza de la tarta’ en toda esta trama ignominiosa son los dislates del gobernante en turno, Cuitláhuac García tanto al ser detenida como al ser liberada la jueza ya que la acusó de beneficiar a los delincuentes y ser parte de una red de jueces que los liberan, ¡¡ aunque su fiscala no pudo probarle eso al menos para sostener la prisión preventiva!!
¿Se acuerdan cuando en el 2021 y 2022 acusó reiteradamente al petista Pasiano Rueda de cometer “ultrajes a la autoridad” y pertenecer al crimen organizado a fin de retenerlo en la cárcel y evitar que se convirtiera en alcalde de Jesús Carranza? Pues el gobernante en turno repitió el libreto contra la jueza Angélica Sánchez a la que acusó de “ataques a las instituciones” y pertenecer a una banda de juzgadores corrompidos.
Al igual que ocurrió en el caso de Rueda Canseco que nunca le pudo probar nada, así pasará con la jueza perseguida. Y, ¿recuerdan el caso de los seis jóvenes jalapeños detenidos ilegalmente en septiembre del 2021 y a los que policías de la Secretaría de Seguridad Pública les ‘sembraron’ armas y los acusaron de agredirlos? Pues el mismo artilugio lo volvieron a aplicar con la jueza.
A los jóvenes los retuvieron tres meses en la cárcel, pero a Sánchez Hernández no la pudieron mantener ni 48 horas tras las rejas porque fue tan burda y desaseada su detención con todas las porquerías incriminatorias que el expediente no pasó el tamiz de un juzgado de control de garantías.
El sainete protagonizado por la fiscala Hernández, la magistrada Jiménez y el gobernante García tuvo su capítulo más reciente de ‘mala leche’ y al mismo tiempo demostrativo de la ignorancia que domina a esos servidores públicos en la exigencia para que la jueza – -léanlo bien – “demuestre que fue torturada”.
A contentillo y conveniencia, García Jiménez descarga esa tarea que corresponde al ministerio público -la de investigar los delitos – o sea, a la fiscala Hernández, y se la atribuye a la víctima. ¿Dónde se había visto eso? Solo en el reino de los ignorantes y atrevidos.
Y si se habla de tortura de un detenido, que es un delito de lesa humanidad, el gobernante atropella los protocolos internacionales en la materia. ¿Cuándo le subirá “el agua en el tinaco’?, preguntarían los jocosos. Si García no sabe de la cosa jurídica que tampoco se aventure a insultar la inteligencia colectiva.
Pero no paró allí pues también se quejó que la denuncia de tortura a la jueza cometida por los policías estatales fue ventilada por la prensa sin “atenerse a lo legal”. ¿Qué habrá querido decir? Y coronó el disparate con un cotorreo locochón: “No puedo litigar en los medios yo (sic), o ¿tengo que actuar con base en una mentira?” Este señor ni la burla perdona.
*Envoyé depuis Paris, France.