Andrés Timoteo
CHUZA DE SEIS
Fue un ‘monrealazo’ y se echó a seis de un solo golpe. Y no porque haya logrado la liberación de los seis jóvenes jalapeños encarcelados por cuitlahuismo -lo que es la ganancia para la sociedad- sino porque el senador Ricardo Monreal les dio un golpe certero a seis personajes del estado comenzando por el gobernante en turno, Cuitláhuac García Jiménez, empecinado en abusar del poder con el socorrido delito de “ultraje a la autoridad” que los diputados morenistas introdujeron al Código Penal a pesar de su inconstitucionalidad.
La noche del miércoles un juez federal ordenó la liberación de seis muchachos que fueron detenidos en una plaza comercial de Jalapa en septiembre y que desde entonces estaban en el reclusorio de Pacho Viejo. Monreal, quien es amigo del padre de uno de los jóvenes, hizo suya la causa y desde hace semanas denunció el abuso de autoridad, el uso perverso del aparato policíaco y la complicidad del poder judicial de Veracruz.
Por esa denuncia pública todos los del palacio de gobierno se le fueron encima, pero ahora quedaron exhibidos en su cochinero judicial y jurídico. La chuza que derribó el senador -paradójicamente morenista también- comenzó por el propio García Jiménez quien encabezó la andanada en su contra cuando habló por primera vez el caso. El segundo zarandeado es el rústico secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros quien incluso se aventuró a recomendar al legislador que se cupara de la violencia en su estado natal, Zacatecas, y que no se inmiscuyera en Veracruz.
También quedó exhibido -otraaaa vezzz- el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez cuyos policías fabricaron un delito a los seis jóvenes y les ‘sembraron’ armas -unas navajas que no pasaron las pruebas forenses porque ni siquiera se les encontró las huellas digitales de los acusados – para justificar la detención indebida. ¿Se acuerdan que hace apenas unos días el neoleonés se regodeaba en el congreso local asegurando que el delito de “ultrajes a la autoridad” era para proteger a los policías? Ese cinismo se le pasmó el miércoles.
Como chapucera quedó la fiscal Verónica Hernández pues la carpeta de investigación que les abrió a los seis jóvenes ‘está hecha con las patas’ -usando las palabras del propio gobernante García Jiménez -. No pasó el tamiz jurídico, no logró sostener con nada el delito imputado y se confirmó que las pesquisas que salen de su dependencia son a modo e irregulares.
Exhibida igualmente está la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Romero, quien fue otra que por órdenes de palacio de gobierno atacó mediáticamente al senador Monreal cuando cuestionó al juez local que ordenó la prisión de los chicos. Ahora Romero se quedó muda luego de que el juez federal mostró los enjuagues a los que se presta el poder judicial de la entidad.
Finalmente, la chuza derribada por Monreal se completa con los diputados que aprobaron ese delito inconstitucional, encabezados por el analfabeta jurídico Javier Gómez Cazarín, quien los comanda. Por supuesto que la sentencia del juzgado federal podrá ser usada para reforzar las controversias constitucionales por el delito de “ultraje a la autoridad” y cuando sea invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el congreso local sumará otra vergüenza en su haber.
MISMO ‘MODUS OPERANDI’
Pero el caso de los seis jóvenes detenidos y encarcelados ilegalmente en Jalapa no es el primero de abuso de autoridad y uso perverso de los aparatos policíaco, fiscal y judicial. No olviden los cinco detenidos el 30 de marzo pasado en Orizaba, cuatro de ellos jóvenes -uno menor de edad- en un establecimiento de tatuajes. A ellos los mantuvieron “desaparecidos” por varias horas pero tuvieron que presentarlos ante un juez por la movilización de sus familiares.
Para mantenerlos encarcelados, la Fiscalía de Hernández Giadáns acusó a cuatro de ellos de “ultrajes a la autoridad” y los policías de Gutiérrez Maldonado declararon falsedades para sostener el tinglado ministerial. Así los recluyeron en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, aunque una semana después, el 7 de abril, no les quedó otra que ponerlos en libertad pues los familiares -uno de ellos es una periodista que radica en la capital del país – lograron mediatizar el caso a nivel nacional y los abogados también demostraron que eran falsas las acusaciones y que se montó una escena para justificar su aprehensión ilegal.
En ese caso, la fiscala Hernández tampoco pudo sostener las acusaciones que puso en la carpeta de investigación ni el neoleonés Gutiérrez Maldonado las declaraciones de sus ‘gorilas’ que actuaron como si fueran sicarios pues los jóvenes fueron ‘levantados’ sin mostrar orden judicial y sin que los agentes se identificaran, además de que desde sus oficinas se armó una campaña mediática para criminalizarlos difundiendo que dos de ellos conducían vehículos robados – que habrían sido detenidos en Fortín de las Flores cuando se negaron a un revisión – y que todos estaban ligados a un cartel del narcotráfico.
Ambos casos confirman que hay un ‘modus operandi’ en la policía, la Fiscalía y el poder judicial del estado para cometer abusos contra la población, fabricar delitos, llenar las carpetas de investigación con falsedades y reprimir a quienes les plazca. En resumen para retorcer la ley, todo tolerado y aplaudido por el propio gobernante en turno, Cuitláhuac García. ¿Dónde están los delincuentes, afuera o adentro de las oficinas gubernamentales?
GORILAS DE LEYENDA
Siguiendo con ese tema, entre los más de 600 alumnos que asisten a la Escuela Secundaria General de Amatlán de los Reyes se cuenta una leyenda urbana: “son más peligrosos los policías que los narcos” y va acompañada con la recomendación de que “si ves uno -policía- cerca, huye o escondete porque te puede matar a tiros no importa que no haya hecho nada”. Esa historia de terror se comenzó a contar en septiembre, al iniciar el curso, de boca a boca entre los adolescentes.
No es un mito, por supuesto, sino que nació de un hecho real: la ejecución extrajudicial de Jonathan Herrera Aguilar y Eduardo Jiménez Aguilar por parte de elementos de la llamada Fuerza Civil en la comunidad La Patrona. Uno de los profesores del centro escolar -quien pide conservar el anonimato- cuenta que jamás hubo una célula de asistencia psicológica para atender el ‘shock’ en el alumnado por el crimen de dos de los suyos.
El asesinato de ambos estudiantes, de 13 y 14 años, se cometió cuando iniciaban las vacaciones de verano y eso ayudó a que el impacto se disimulara por la falta de clases pero cuando los alumnos regresaron en septiembre seguían pasmados por el suceso. En la escuela se carece de un protocolo para ayudar psicológicamente a los estudiantes a fin de que procesaran la pérdida y comprendieran el suceso. Entonces los maestros trataron, por cuenta propia, de explicárselo.
Pero lo hicieron casi a hurtadillas, dice el educador, porque de las autoridades del plantel y las de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no solo hubo indiferencia sino también indolencia y hasta irresponsabilidad. “La pedagogía no solo se debe ocupar de enseñar lo que está en los libros sino también ayudar a los niños y jóvenes a entender los fenómenos de la vida, entre ellos la muerte y sobre todo la muerte violenta de la gente”. Así que hicieron lo que pudieron.
Al no haber asistencia sicológica para superar el trauma, agrega, se dio paso al mito de que “un policía mata más que un narco”. Tal es la fama que ya acompaña a la policía estatal responsable del asesinato a mansalva a Jonathan y Eduardo cuando lavaban el vehículo de un pariente. Y no solo los acribillaron sino que luego manipularon sus cadáveres para recrear una falsa escena del crimen.
Dijeron que fueron ‘víctimas colaterales’, que murieron en un ‘fuego cruzado’ entre policías y delincuentes. Nunca existió tal hecho, fue una mentira del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, secundada por el gobernante en turno Cuitláhuac García para ocultar ese crimen de lesa humanidad y dar impunidad a los agentes asesinos.
A Jonathan y Eduardo también los intentaron manchar post-mortem pues dijeron que tanto ellos como sus familiares estaban ligados a actividades delictivas y que el vehículo que lavaban tenía el reporte de robo. No cuajó la injuria pues todos en La Patrona conocían a los adolescentes. “Eran niños buenos, limpios, y los quieren difamar para justificar sus homicidios”, atajaron familiares, vecinos y hasta la organización altruista Las Patronas.
Han trascurrido cinco meses y no hay justicia. El pasado 2 de diciembre, los habitantes de La Patrona denunciaron públicamente el entramado de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General para dar impunidad a los agentes criminales. A la Fiscalía que preside Verónica Hernández la tachan de “omisa, parcial y negligente”.
No solo ha negado los deudos el acceso a las carpetas de investigación sino que la propia fiscala Hernández Giadáns ha rechazado recibirlos. En agosto le pidieron una audiencia para exponer su preocupación por la dilación en las pesquisas y que se han desechado pruebas forenses y testimonios de los lugareños pero la señora los remitió a la Fiscalía Regional donde despacha Jaime Cisneros quien les dan largas y malos tratos.
Por si fuera poco, tanto los familiares de las víctimas como los testigos del crimen están bajo amenaza. Personeros de Gutiérrez Maldonado los han amagado con ‘levantarlos’ si continúan apoyando a las familias de los jovencitos. La intención es que no sostengan ante el juez los señalamientos contra los policías y a la vez se desistan de participar en más manifestaciones públicas para continuar exigiendo justicia por los menores asesinados.
El principal indicio de la intención para blindar con impunidad a los asesinos de Jonathan y Eduardo es que han pasado cinco meses y no hay ni un solo policía bajo investigación y ni siquiera separado del cargo. Los matones de Gutiérrez Maldonado siguen con placa y pistola recorriendo la zona centro. Y nuevamente en el caso de los niños de La Patrona se aprecia el ‘modus operandi’ para fabricar delitos, encubrir abusos de autoridad y criminalizar a las víctimas.
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Cuitlahuac aseguró que había pruebas que los incriminaba
Es un castillo de naipes
pega al gobernador, al secretario de gobierno, al de segurdiad pública, a la fiscala, a la presidetna del TSJE y a los legisladores, especialmente al ultracuestionado y oscuro Gómez Cazarín.
Un juez federal ordenó liberar inmediatamente a seis jóvenes veracruzanos detenidos por ultrajes a la autoridad en septiembre de este año en una plaza comercial de Xalapa. Lo anterior se da después de que el senador por Morena, Ricardo Monreal, reprobara que jueces estatales fijaron esa medida cautelar que violó los derechos humanos de esas personas.
De acuerdo con la resolución del juez federal, los seis jóvenes deberán ser liberados inmediatamente del penal de Pacho Viejo. Además, su proceso penal 270/2021 deberá ser repuesto donde el juez tomará una nueva resolución sin vulnerar los derechos de los acusados.
Es por esto por lo que los seis jóvenes detenidos en la Plaza El Tejar de Xalapa, deberán ser liberados y aunque nuevamente serán imputados por la Fiscalía General del Estado (FGE), el juez deberá considerar que fijarles la medida cautelar de prisión preventiva es excesiva.
LAS POSADAS
La soldada…es lo único que cumplió
De manera tentativa, Leticia López rendirá su cuarto y último informe de gobierno el próximo 20 de diciembre.
ejarán los proyectos ejecutivos para cuatro grandes obras que realizará la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), con una inversión de 130 millones de pesos, informó la alcaldesa Leticia López Landero.
Se trata del Paseo del Río San Antonio, un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, ubicado en Toxpan; un Polideportivo en fraccionamiento San Nicolás y un Huerto en Huilango 3000.
ELECCIÓN PANISTA
para el domingo…competirán el gobierno estatal contra el yunismo y una parte los disidentes del llamado “PAN marrón”
EL FONDO ‘TONA’
Causó risa la propuesta del diputado priista Marlon Ramírez para crear una bolsa solidaria de recursos públicos para apoyar a viudos y huérfanos cuyos esposos y padres, respectivamente, hayan fallecido por la Covid-19, que podría llamarse “Fondo Xicoténcatl García Jiménez” en alusión al neumólogo hermano del gobernante en turno.
Eso alebrestó a los promotores culturales que ya proponen crear el “Fondo Tonatiuh”, sugerido por el nombre del músico y neocineasta también hermano del mandatario, a fin de se destinen recursos a la comunidad artística. Hasta el momento solo el carnal Tonatiuh García es el único que recibe dinero público a manos llenas para sus ocurrencias creativas mientras en el sector cultural no tienen ni para copias en sus oficinas.
Cuando no hay de otra que piropear a los parientes del servidor público a fin de obtener lo que legalmente corresponde es señal de que el mandato popular está podrido. Ahora todo depende de la adulación a la familia como si la hacienda estatal fuera propiedad de los García Jiménez. Parafraseando al peruano Mario Vargas Llosa: ¿en qué momento se jodió Veracruz?
ARCÁNGELES MANCHADOS
CARRUSEL
la zacagtecana
El abogado Eduardo Aguilar, representante Instituto Nacional Electoral (INE) del Partido Acción Nacional (PAN), a través de su cuenta de Twitter asegura que Manuel Bartlett y Rocío Nahle forman parte de las personas que depositaron recursos al Fideicomiso para Damnificados de Morena.
Mediante cuatro tuits, el abogado representante del PAN ante el INE, revela nombres y cantidades de quienes depositaron de 50 mil en 50 mil durante 7 días y de quienes dispusieron de los recursos.
Tan solo en una sucursal bancaria de San Ángel en la Ciudad de México, se depositaron en la cuenta del Fideicomiso un millón 400 mil pesos en un lapso de 20 minutos de 50 mil pesos.
Eduardo Aguilar agrega en sus publicaciones: “MORENA NO ha transparentado la lista de beneficiarios. Se defienden con falacias, y sin decir, quien, como y cuando fue beneficiado por el fideicomiso”.
Recordemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa al partido Morena por 197 millones de pesos, por las irregularidades en la operación de un fideicomiso para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.