ANDRÉS TIMOTEO
CARICATURA DE TIRANO
Los seis jóvenes jalapeños beneficiados con una sentencia de libertad emitida por un juez federal -luego de que la Fiscalía estatal no pudo sostener el delito de “ultrajes a la autoridad”- iban a pasar las fiestas navideñas en el reclusorio de Pacho Viejo como un escarmiento por haber pedido la ayuda del senador Ricardo Monreal. Tal fue la instrucción de palacio de gobierno al Poder Judicial.
Se buscó desafiar al senador manteniendo en prisión a los muchachos y para eso se instruyó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) Isabel Romero, mandar de vacaciones al juez titular del caso y poner a una interina que alegara desconocer el expediente y declararse impedida para ordenar la libertad de los implicados. Así, los inculpados permanecerían al menos las próximas dos semanas tras las rejas.
Sin embargo, súbitamente cambiaron de parecer y la jueza cuitlahuista los liberó la noche del sábado. La versión del altiplano es que Monreal maniobró para que el Consejo de la Judicatura Federal aceptará iniciar una moción contra los jueces locales por desacato y se procediera penalmente en su contra. La consecuencia habría alcanzado a la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Ante el riesgo de ser llevados ellos mismos ante un tribunal no les quedó de otra que desobedecer la orden de Cuitláhuac García.
Fue el segundo calambre de Monreal a los de la aldea y de ahí la expresión plañidera de García Jiménez contra el zacatecano al que acusó de “defender delincuentes”, insistiendo en criminalizar a los jóvenes. Las despechadas palabras del gobernante revelan, al mismo tiempo, un trasfondo más peligroso: quiénes son, para él, las víctimas.
“Nosotros estamos del lado de las víctimas”, dijo el sábado. Es decir, para él las “víctimas” son los policías corruptos que hacen detenciones ilegales, siembran evidencias para incriminar a los detenidos y hacen declaraciones falsas, no los que sufren detenciones arbitrarias y abuso de autoridad. Es el mundo al revés. Por lo pronto, al zacatecano ya le prenden veladoras en Veracruz los que han sufrido la aplicación del delito de “ultrajes a la autoridad” y más porque anunció que va por la controversia constitucional para derogarlo.
Ayer, Monreal estuvo nuevamente en Jalapa para reunirse con los jóvenes liberados y le respondió a García Jiménez a través de un video subido a las redes sociales en el que prácticamente le dijo que es una caricatura de tirano al concentrar y abusar el poder encarcelando y condenando a la gente sin ser juez. También le espeta que está mal asesorado, que los “aplaudidores” que tiene a su lado no le sirven y que él -Monreal- no forma parte de ese séquito de aduladores, que seguirá defendiendo al Estado de Derecho y la Constitución que se empeña en violar. ¡Tenga para que aprenda!, diría el clásico.
VAN A TRASQUILARLO
“No observa, vende”, se leyó en una editorial del periódico leonés AM sobre la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobierno Confiables (FIDEGOC) a la que el ayuntamiento de la capital de Guanajuato le dio casi 20 millones de pesos a través del Observatorio Ciudadano de León (OCL) por dar calificaciones positivas al gobierno local.
Bajo el escapulario de ser “observadores ciudadanos”, los integrantes del OCL fingieron que revisaban el desempeño del entonces alcalde panista, Ricardo Sheffield Padilla del 2009 al 2012. Si el edil pavimentaba la calle donde vivían sus parientes o si otorgaba sin licitación un contrato millonario de obra pública, los “observadores” emitía su aval y con eso el edil presumía contar con la aprobación de la “ciudadanía”. A cambio, el OCL recibió del ayuntamiento 8.5 millones de pesos y la FIDEGOC otros 9.5 millones.
El pago lo disfrazaban con la impartición de cursillos para hacer más eficientes los servicios públicos, la entrega de la certificación ISO ISO 18091 y calificando positivamente los planes de obra pública. Eso fue destapado por alcaldesa priista Barbara Botello, sucesora de Sheffield -quien ahora es morenista, fue candidato a la gubernatura de Guanajuato en el 2018, hasta marzo pasado fue titular de Profeco de donde salió para ser candidato de Morena nuevamente a la alcaldía de León que perdió en junio -y se desmoronó la engañifa de la contraloría ciudadana.
Ahora en Jalapa van a hacer un negocio similar con el Observatorio Ciudadano Integral de Xalapa (OCIX) que encabezará el cuestionado exrector de la Universidad Veracruzana y fallido candidato a la alcaldía, Raúl Arias Lovillo. Dicho mamotreto, según anunciaron, “vigilará y sancionará al próximo gobierno municipal además de proponer proyectos”, lo mismo que dijeron en León, Guanajuato.
El OCIX es una sucursal de la FIDEGOC que buscará hacer negocios con el alcalde Ricardo Ahued. Los que están detrás de la fundación son políticos panistas que encontraron una mina de oro en el concepto de vigilancia ciudadana. Carlos Gadsden, presidente de FIDEGOC, quien el jueves asistió a Jalapa, fue asesor de Vicente Fox en asuntos hacendarios.
La asociación civil es propiedad del exgobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia. “Es una franquicia internacional, pero Medina la compra a nivel nacional, o sea, todo aquel municipio o estado que maneje el sistema IWA4 (International Workshop Agreement), le pagas la regalía al despacho de Medina (…) Observatorio Ciudadano sirve como pantalla nada más para decir al gobierno que trabajó bien ”, denunció en el 2012 el exdirigente panista del bajío, Franz Ignacio Espejel.
Ahora, Arias Lovillo será el franquiciatario en Jalapa, un sujeto sin calidad ética para calificar al alcalde Ahued o decidir lo que le conviene a los jalapeños. Basta revisar lo que hizo en la UV para cuidarse los bolsillos. La alerta para el próximo edil es que no se deje trasquilar por esos “vendedores” disfrazados de “observadores independientes” y a la opinión pública para que tampoco se crea el discurso de esos vivales que fingen ser vigilantes ciudadanos.
Por cierto, la FIDEGOC también vende premios a funcionarios y uno de sus mejores clientes es el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli quien ha comprado cuatro: a la “Sostenibilidad” y al “Mejor destino turístico” en el 2019, y al “Gobierno confiable” y al “Mérito municipalista” en el 2020. Este último adquirido para la síndica Iliana León.