TEXTO IRREVERENTE

ANDRÉS TIMOTEO

NIÑOS OLVIDADOS

En este último diciembre se habló poco de ellas. ¿Alguien sabe si hubo misa en su memoria? Casi nada apareció en la prensa. Los porteños tienen flaca la memoria pues a 19 años del incendio en el mercado “Miguel Hidalgo”, las 30 víctimas mortales ya no calan el sentimiento colectivo y ni les merecen un recuerdo luctuoso. Este 2020 se cumplirán dos décadas de la tragedia sucedida  el 31 de diciembre del 2020 y no se ha aprendido nada: la venta y el uso de pirotecnia peligrosa está más en auge y tolerada que nunca.

De las 30 personas que murieron quemadas solo29 fueron reconocidas oficialmente. Una nunca apareció. Fue el niño Oscar Daniel Campos que en ese entonces tenía 13 años y acompañaba a su madre -el cuerpo de ella sí apareció-. Hasta la fecha Oscar sigue en calidad de desparecido.  Seis meses después de aquella tragedia, el 5 de junio del 2003, en la comunidad La Balastrera de Nogales, en la zona centro, la explosión de un gasoducto de Petróleos Mexicanos fracturado por el desbordamiento del Río Chiquito mató a 12 personas e hirió a casi un centenar.

Diez de estos últimos eran niños que quedaron con cicatrices de por vida y con su salud atada a costosos tratamientos para restaurar su piel dañada. El Estado primero se negó a reconocer su responsabilidad en la catástrofe -¿se acuerdan cuando el funcionario de Pemex Juan Bueno Torio retó a las víctimas a que “demandaran a Dios” y no al gobierno?- y luego les escamoteó el apoyo económico y médico. Esa decena de pequeños, hoy ya jóvenes, sigue sufriendo las secuelas del accidente y están olvidados por todos.

En el 2014, la opinión pública se acongojó por el caso de Karime Cruz de 5 años, secuestrada y luego asesinada junto con su tía en Coatzacoalcos. Los cadáveres de ambas se localizaron sepultados en el patio de una vivienda tras sesenta días de permanecer desaparecidas y la procuraduría duartista buscó un ‘chivo expiatorio’ -el novio de la tía- para sacudirse el caso. En el 2017, otra pequeña de la misma edad, Ana, pereció en una balacera perpetrada en Plaza Cristal de Córdoba. Nunca se buscó ni castigó a sus asesinos.

María Magdalena tenía once años cuando pereció bajo las balas de la policía estatal en Atzalan en enero del 2020. La mataron junto a su abuelo, Bellarmino Cerdeña. A ambos les dieron el tiro de gracia los agentes estatales y luego el propio gobernante en turno, Cuitláhuac García, los criminalizó asegurando que pertenecían a la delincuencia organizada. Por supuesto, los policías siguen impunes.

En junio de ese año, José Antonio de 10 años fue secuestrado afuera de una tienda de conveniencia en  Acayucan, estuvo doce horas desaparecido y luego su cuerpo fue localizado en una vivienda abandonada. Abusaron sexualmente de él y lo torturaron. Estaba la primera ola de la pandemia de Coronavirus y las autoridades pusieron ese pretexto para no darle prioridad el pedido de ayuda de los padres cuando el niño no regresó del ‘mandado’.

El lunes pasado se cumplieron seis meses de la ejecución extrajudicial de Jonathan Herrera y Eduardo Jiménez, de 13 y 15 años respectivamente, cometida por uniformados de la Fuerza Civil  en el poblado La Patrona de Amatlán de los Reyes. Al igual que el caso de Atzalan, a los dos menores se les intentó manchar ‘postmortem’ ligándolos a la delincuencia y luego se fabricó una escena del crimen y una historia de persecución para justificar su asesinato y proteger a los policías -que siguen impunes-. García Jiménez también los criminalizó abiertamente.

DOLOROSO REYES

Brian Emmanuel de 12 años falleció en noviembre del año pasado cuando cayó en un registro subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Chivería del puerto de Veracruz. Murió electrocutado pues el depósito se encontraba sin tapadera y además estaba anegado. Su muerte está concatenada a un delito tolerado por las autoridades que es el robo, venta y reciclaje clandestino de artículos metálicos entre ellos tapaderas de alcantarillas.

La CFE no hizo nada más que mandar a colocar una nueva cobertura de polietileno en el lugar del accidente y se desentendió de indemnizar a los deudos. A su vez, el ayuntamiento porteño simuló un operativo para clausurar ‘chatarreras’, pero  nunca combatió con seriedad del ilícito. A la fecha se siguen robando las tapaderas de alcantarillas, cable y tubos en toda la ciudad y su conurbación.

Y así como los casos anteriores se podría evocar muchísimos más de niños que han perdido la vida a causa del crimen organizado, los accidentes y el abuso de autoridad, y que comparten dos denominadores que son la impunidad y la corrupción gubernamental. Esas tragedias infantiles no se hubieran producido o tal vez no hubieran dolido tanto si no los gobernantes no fueran tan indolentes, irresponsables y hasta cínicos.

Pero la tragedia no para con esos casos particulares y se torna más profunda por la muerte casi seriada de menores por dos flagelos que también tienen como trasfondo la inacción y hasta la complicidad de funcionarios. Una es la de los niños con cáncer abandonados a su suerte sin medicamento y quimioterapias. Según organizaciones civiles, a la fecha han muerto en Veracruz 32 pequeños por un tratamiento mal seguido y el desabasto de fórmulas oncológicas.

El descaro es que el secretario de Salud, Roberto Ramos se gastó 5 millones de pesos para remodelar sus oficinas el año pasado y el gobernante García Jiménez otros 80 millones para remozar un estadio de beisbol. Con esos 85 millones se pudo haber salvado a los 32 niños y a muchos más. El cuitlahuismo prefirió gastarse el dinero en frivolidades y hasta regresar miles de millones de pesos a la federación por un subejercicio presupuestal adrede que evitar la muerte de los pequeños. ¿No es eso un crimen de lesa humanidad?


La otra llaga son los menores desaparecidos por el crimen organizado. No hay nombres ni número pero sí indicios: en las fosas clandestinas se ha extraído ropa de niños y bebés. ¿Cuántos pequeños están allí sepultados?, ¿se sabrá algún día? Es un tema duro y doloroso, pero que debe ser expuesto porque son víctimas mucho más inocentes que necesitan justicia o al menos memoria. Toda está relatoría  se hace porque hoy es Día de Reyes y los pequeños citados -y otros anónimos- no tendrán juguetes ni abrazos ni rosca acaramelada y algunos ni siquiera un recuerdo.