ANDRÉS TIMOTEO
FISCAL DE 3 VERBOS
La fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns no decepcionó al respetable y cumplió la expectativa pues de ella se esperaba poco o nada en su comparecencia en el congreso local. No hubo datos sorpresivos -bueno, ni siquiera datos creíbles – ni revelaciones estridentes ni confirmaciones tranquilizadoras, en el sentido de que se supiera que las cosas se están haciendo bien.
Hubo, eso sí, el mismo discurso del mandatario estatal y de otros funcionarios que culpan al pasado y afirman que hoy las cosas son diferentes aunque la realidad los desmienta. La comparecencia de Hernández ante los diputados puede resumirse con tres verbos: callar, mentir y acusar. Calló cuando se le hicieron preguntas puntuales, algunas hasta dos o tres veces, como la del número de carpetas de investigación abiertas desde marzo pasado por el famoso delito de “ultrajes a la autoridad”.
Mintió cuando afirma que la dependencia a su cargo se desempeña sin distinción ideológica y no ‘politiza’ la procuración de justicia. Es mentira porque hay casos específicos que la contradicen: los de Rogelio Franco, Tito Delfín y Manuel del Río Virgen son tres ejemplos, los más mediáticos, pero a ellos se les suman otros más, entre ellos los de los candidatos de la oposición en el proceso electoral pasado.
Del tema de los delitos de “ultrajes a la autoridad”, la señora fiscal aseguró que ella y sus agentes ministeriales solo cumplen con lo establecido en la ley, pero evadió la parte en que fueron sorprendidos por la justicia federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) integrando expedientes con acusaciones falsas y pruebas ‘sembradas’ a personas que fueron detenidas ilegalmente como el caso de los seis jóvenes jalapeños que pasaron tres meses en prisión.
Y Hernández acusó a quien o quienes pudo con tal de desembarazarse de la responsabilidad de tener una de las fiscalías peores evaluadas y con nulos resultados del país. Su villanos de fortuna en esta ocasión fueron los de siempre: a los exfuncionarios del bienio anterior, a las condiciones del país, a la falta de recursos financieros, a la escasez de tiempo y bla, bla, bla, pero sumó un nuevo integrante al catálogo: la prensa.
Dijo, palabras más-palabras menos, que los medios informativos hacen espectáculo de algunos procesos judiciales y juegan a ser justicieros. Traducción: el enojo de la fiscal es porque a veces la prensa investiga más que sus oficinas y se ventila datos que ella intenta ocultar. No, los periodistas no son fiscales ni agentes ministeriales ni policías ni jueces, son testigos e informadores de la cotidianidad, y la información que presentan a los lectores, televidentes, radioescuchas o público cibernético se debe sostener con datos duros y comprobables.
Muchos de esos datos se obtienen a través del periodismo de investigación. O sea, en Veracruz hay más trabajo en ese rubro de parte de los periodistas que los agentes ministeriales a su cargo, y no toda la prensa está amordazada y bajo el control de los “convenios chiquitos” que ensaya el cuitlahuismo -solo hay unos pocos medios informativos y bien identificados que sí están uncidos, pero que carecen de credibilidad y alcance para hacer de lo que difunden algo impactante-.
De unos días a la fecha, Hernández Giadáns y el gobernante en turno Cuitláhuac García agarraron la cantaleta de acusar a los medios de comunicación de defender delincuentes, de desprestigiar al gobierno, de dañar a Veracruz y ahora de “politizar” la impartición de justicia y hacer de ella un ‘show’. A la prensa la tienen como enemiga y esa es la buena noticia que salió ayer de la comparecencia en la legislatura.
Es es un sello de honor que la fiscal no hay dicho que los periodistas son sus aliados. Eso si sería un desprestigio. Es, por ende, un alto honor que García Jiménez y sus subalternos se sientan incómodos y hasta enojados con los medios de comunicación porque no los secundan en sus mentiras. Al poder no se le aplaude, se le revisa, dice el clásico y eso se está cumpliendo en Veracruz. Y por eso también la rabia oficial contra el periodismo.
PASE DE VACUNACIÓN
Ayer lunes en Francia entró en vigor el ‘Passe Vaccinal’ o Pase de Vacunación que sustituye al Pase Sanitario que se comenzó a utilizar desde diciembre del 2020 cuando inició el proceso de inmunización contra la Covid-19. Es un documento que dos versiones, en papel y digital, con un código Q que permite ser leído por todo tipo de aparatos o bandas disponibles para su reconocimiento y que contiene toda la información sanitaria de sus portadores.
Ahí se indica las vacunas recibidas, incluyendo las de refuerzo, los resultados de los test PCR a los que se ha sometido, los reportes de que si está o estuvo enfermo de la Covid-19 y sí ya se ha recuperado. Ya no es suficiente presentar una prueba negativa de PCR, es decir un reporte de laboratorio que acredite que no se está contagiado sino que ahora toda persona mayor de 16 años debe exhibir su Pase de Vacunación pues de lo contrario no podrá hacer nada más que ir a comprar comestibles o medicamentos a una farmacia.
Sin este nuevo documento nadie puede acceder a eventos culturales, sociales y deportivos. No entrarán a restaurantes, cines, teatros, bares, cafés, conciertos, pabellones deportivos ni centros comerciales, tampoco podrán subirse ni a los trenes ni a los autobuses ni a los aviones. Tampoco a centros de trabajo. El Pase de Vacunación fue aprobado hace una semana por la Asamblea Nacional y validado apenas el domingo por el Consejo Constitucional de Francia. Cierto, hay algunas protestas de los negacionistas contra esa medida pero son los menos y los jueces superiores han definido que la salud de todos está por encima de las convicciones particulares.
La única actividad que está por encima del Pase de Vacunación es la política partidista. De todos los lugares donde este pasaporte es obligatorio solo los mítines de campaña no lo tienen como requisito. No hay que olvidar en este año hay elecciones presidenciales en el país galo y ya está en curso el proceso electoral con las elecciones internas de cada partido para seleccionar a sus candidatos. Y a los votantes no se les quiere alejar con exigiéndoles la inyección y su comprobante. En todas partes es lo mismo: elecciones matan pandemia.