ANDRÉS TIMOTEO
LA TIJERETERA
Si en algo es eficiente la titular de la Fiscalía General del estado, Verónica Hernández, es en mochar cifras, desaparecer expedientes y fabricar realidades alternas. Sus enemigos no son los delincuentes sino las estadísticas. Ya lo hizo con los feminicidios pues “reconfiguró” el delito para tomarlo como “homicidio doloso” y así rebajó en un 60 por ciento los casos. También le metió tijera a los casos de secuestros para que el gobernante en turno pudiera presumir que ese ilícito ha descendido hasta en un 80 por ciento.
Ahora tocó el turno a un delito de casa, de facturación propia, el socorrido de “ultrajes a la autoridad” que ha estado en el debate público en los últimos meses. El lunes pasado fue cuestionada directamente en el congreso local sobre la cantidad de expedientes ministeriales que ha abierto desde marzo del 2020 cuando entraron en vigor las reformas al código penal que contemplan la prisión preventiva oficiosa y las penas elevadas para tal disposición sancionadora.
De acuerdo al comunicado de la señora Hernández Giadáns, emitido ayer para responder lo que no pudo hacer ante los legisladores, la oficina a su cargo ha procesado a mil 033 personas por ese delito. Es decir, una parte mínima comparada con todo el caudal de víctimas que han documentado organizaciones civiles y colegios de abogados.
Según los “otros datos” que tiene la fiscala, desde que entró en vigor ese delito se han detenido a 3 personas diariamente, en base al promedio calculado, lo que significa la cuarta parte de la cifra más elevada que denunciada por activistas y litigantes que es de 3 mil 600 casos acumulados a razón de 12 personas encarceladas diariamente. Si se considera la cifra más modesta de 2 mil 400 personas en prisión, entonces la fiscala “rasuró” 5 de cada 8 aprehensiones por día.
¿Cómo la ven?, ¿a poco no resultó buena con la tijera? La señora no se hubiera dedicado a la administración pública, dicen los ociosos, sino a la costura porque es muy hábil recortando, zurciendo y estirando la tela a gusto del cliente. Claro, como dice la canción de los Tigres del Norte, “sin talento no busques grandeza”, y entonces seguramente Hernández no llegaría a ser una modista de alta costura, pero unos camisones ajustados para Cuitláhuac García y Patrocinio Cisneros, su jefe en realidad, si los confecciona, ya lo vimos. Risas.
SIN MOLESTAR AL PATRÓN
Hablando de números y más números, el jueves el presidente de la Comisión de Protección -más risas- a Periodistas compareció hace dos días ante los diputados portando el sello funerario de un reportero más que fue asesinado en sus narices. José Luis Gamboa fue acuchillado en plena vía pública del puerto de Veracruz el 15 de enero y su caso también sirve para retratar el talante de los integrantes de esa paquidérmica comisión.
La misma esperó dos días para pronunciarse sobre el crimen y lo único que hizo fue dar las condolencias. Luego justificó que los familiares del periodistas asesinado no quisieron la ayuda de ellos y por eso ni corona fúnebre les llevaron como acostumbran cada vez que cae un colega. Aunque la composición integral de esa comisión se renovó en diciembre del 2020, el presidente de la misma, Silverio Quevedo, así como el secretario ejecutivo, Israel Hernández, fueron parte del organismo desde el 2016.
Llevan casi seis años en la nómina y han visto pasar once ataúdes de periodistas asesinados, seis de ellos en este sexenio, sin ni siquiera inmutarse. Mientras ambos despachaban desde cómodas oficinas o desde sus casas y centros de trabajo pues a veces ni siquiera acudían a las asambleas periódicas, los compañeros caían abatidos. A ninguno de ellos protegieron ni defendieron. Ni siquiera a los cinco que fueron masacrados ya cuando ambos estaban al frente de la elefantina comisión.
Para ocultar los desastrosos resultados y la inutilidad de dicha comisión, el comisionado presidente quiso inundar a los diputados y a la opinión pública de cifras que ni en su lectura global tiene peso frente a los crímenes de reporteros que se comenten frente a ellos. Dijo, por ejemplo, que tienen 93 agresiones reportadas, ojo que no investigadas ni condenadas públicamente.
Que se atendieron en el último año 196 expedientes y se realizaron 494 acciones de atención, prevención y protección. Vaya que esto último es de risa porque ni previenen ni protegen, ahí están las cifras de muertos y agredidos. Y el caso más palpitante que confirma que de eso de la prevención y la protección de periodistas es puro cuento está en la diatriba del gobernante en turno, García Jiménez.
El funcionario lleva semanas acusando a la prensa de publicar mentiras, de estar al servicio de la delincuencia, de ser parte del pasado criminal, de defender a malhechores y de atentar contra Veracruz, y ante eso, ¿cuál fue la posición del presidente de la comisión creada supuestamente para defender a los periodistas? Que no pueden hacer nada porque ninguno de los reporteros a presentado una queja formal y que tampoco pueden coartar la libertad de expresión del gobernante. ¡ Toda una cátedra de estulticia!
García Jiménez no se expresa a titulo personal sino como encargado del poder Ejecutivo, como gobernante y lo que diga o haga tiene consecuencias en el ámbito público. El señor desde el poder difama, criminaliza, sentencia y crea un ambiente de animadversión contra el gremio, contexto que facilita futuras agresiones. ¿Ante eso no puede hacer nada la comisión ni un pronunciamiento o un apercibimiento?, ¿Está atada jurídicamente?, ¿Entonces de qué sirve?
No, ni cercada jurídicamente ni impedida por falta de denuncias. Lo que hacen los comisionados liderados por el titular de la inútil comisión es no molestar al patrón. Pero la perla fue que Quevedo afirmó sin ruborizarse que ¡no percibe ninguna restricción a la libertad de prensa ni afectación a un periodista en particular por los dichos de García Jiménez! Habrase visto tanta genuflexión. Ya de plano que le cambien de nombre al organismo y mejor se llame Comisión Estatal para la Protección del Gobernante (CEPROGO), ¿no creen?