ANDRÉS TIMOTEO
ERNESTINA, LA RAZÓN
Tuvieron que pasar quince años e intervenir un organismo internacional para que el asesinato de doña Ernestina Ascensión Rosario volviera a ser retomado por las instancias de justicia en México. Desde el 2017, familiares de la anciana indígena de Soledad Atzompa y organizaciones civiles lograron que el caso fuera recibido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) donde todavía se encuentra en fase de resolución para pasar a una condena sobre el Estado Mexicano.
Anticipándose a eso, desde marzo del año pasado la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra ordenó la reapertura del expediente y el 8 de agosto emitió una nueva recomendación, la 45VG/2021, hacia las autoridades veracruzanas pues se dedujo que en la primera pesquisa judicial de hace década y media hubo severas violaciones a los derechos de la víctima y sus familiares.
Se detectaron, dice la nueva recomendación, “múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generadas que vulneraron gravemente el derecho a la verdad y a la justicia que les asiste a los familiares de la víctima”. Son, acota, “violaciones graves a los derechos humanos, de manera específica a la vida, a la protección de la salud por negligencia medica y por omisión, la integridad, seguridad personal y a la dignidad humana cometidas en agravio de dicha mujer adulta, indígena náhuatl”.
Dichas violaciones son “atribuibles a servidores públicos de la Fiscalía General y la Secretaría de Salud, ambas del estado de Veracruz”. La petición del ombudsman nacional es para “no dejar impunes los hechos en los cuales perdió la vida (doña Ernestina) buscando dignificar la memoria de esta mujer indígena náhuatl; y que sus familiares tengan garantizado el acceso a la justicia y a la verdad a las que tienen derecho”.
La recomendación es un ‘golpe de timón’ esperado largamente que da la razón a muchas personas que en su momento alzaron la voz y denunciaron una maquinación del gobierno de Felipe Calderón con la administración estatal del innombrable para dar carpetazo a la investigación del ataque sexual multitudinario que sufrió la mujer indígena de 73 años en la comunidad Tetlatzinga misma que le provocó la muerte el 26 de febrero del 2007.
A la distancia, se confirma que siempre tuvieron la razón varios activistas que durante años sufrieron acoso y represión por decir la verdad sobre doña Ernestina. Uno es el médico forense Juan Pablo Mendizábal quien realizó la primera autopsia del cadáver y siempre mantuvo la tesis de que la señora había sido violada por los militares. El doctor sufrió despidos laborales, amenazas y persecución del gobierno fidelista porque no se ajustó a la mentira oficial que crearon sobre el homicidio.
Incluso en aquel tiempo fue despedido de un cargo municipal en el ayuntamiento de Orizaba por el entonces alcalde Juan Manuel Díez Franco quien estaba en su primer periodo como edil. A la par, la Fiscalía de Veracruz -entonces Procuraduría General de Justicia – lo inhabilitó por varios años para ejercer como médico legista. Al paso de los años, la Fiscalía tuvo que retirar la inhabilitación y Mendizábal le ganó un juicio laboral al ayuntamiento orizabeño porque sus sanciones se basaron en mentiras y fueron parte de la conspiración del caso Ernestina Ascensión.
A otro que el tiempo le dio la razón pero que ya no está en la tierra de los vivos pues falleció en abril del 2019 es Julio Atenco Vidal, quien lideraba la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ). Atenco nunca cejó en su denuncia sobre el homicidio de doña Ernestina y nunca se doblegó para apoyar los dichos del gobierno a pesar de que la CROISZ y él mismo fueron objeto de amenazas, infiltraciones e intentos de sobornos.
El tercer personaje que obtiene crédito, aunque ahora está en el lado de los pillos, es el exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos quien en los años 2007-2010 era una joven promesa de la izquierda, partidario de la causa indígena y defensor de las víctimas, especialmente mujeres. Ahora, tras probar el poder, Mezhua se convirtió en aquello contra lo que luchaba hace años, aunque eso no le quita el mérito de haber denunciado lo que hoy se reconoce en el expediente de Ascensión Rosario.
VUELTA CHIMOLTRUFIANA
Por otro lado y pese a que no tenía injerencia ni responsabilidad inicial en el caso, la fiscala cuitlahuista Verónica Hernández se puso en evidencia al apoyar inicialmente la “verdad histórica” construida por el expresidente Felipe Calderón y el innombrable, pues el 4 de diciembre del 2020 cuando en la CIDH se realizó la primera audiencia del caso envió a un personero a defender la tesis de que la anciana había muerto de una “anemia aguda y úlceras mal atendidas”.
En esas paradojas caprichosas, su vocero ante la CIDH FUE el fiscal llamado Hernán Cortes -como el conquistador español – quien ante el organismo internacional afirmó que “el Estado considera que no se cometieron violaciones a derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de la señora Ernestina”.
Poco más de un año después, Hernández Giadáns dio una voltereta chimoltrufiana y ahora sí acepta la nueva recomendación de la CNDH. Y sorpréndanse o ríanse pues en su boletín mal redactado afirma que acata la resolución ¡¡ porque desde su llegada al cargo ha tenido como principal paradigma “el pleno respeto y protección a los derechos humanos de las víctimas, ofendidos e imputados”!! Vaya que la señora como dice una cosa, dice otra.
En fin, lo importante es a quiénes van a sancionar por haber manoseado y distorsionado las pesquisas en el caso de doña Ernestina. La lista es larga, ahí están Emeterio López Márquez, el procurador fidelista que fue pieza clave en el tinglado así como Jon Rementería Sempé y Manuel Lila de Arce quienes fueron titulares de Salud en el gobierno fidelista. La recomendación de la CNDH va dirigida específicamente a esas dos oficinas.
El innombrable ya no puede ser sancionado administrativa o penalmente porque está en una silla de ruedas babeando, pero sí el expresidente Felipe Calderón y el extitular de la misma CNDH, José Luis Soberanes quien se prestó a construir la ‘mentira histórica” para darle impunidad a los asesinos de doña Ernestina Ascensión Rosario.