ANDRÉS TIMOTEO
CAFETALEROS A SU SUERTE
Apenas en diciembre pasado la diputada local por el distrito de Huatusco, Nora Lagunes Jáuregui hacía fiesta y pregonaba por todos lados la promulgación de las reformas a la ley cafetalera para el estado. Se adjudicaba el mérito de cambiar dicha legislación en beneficio de los agricultores pues es presidenta, en esta legislatura, de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano.
Hoy, nadie sabe de ella a pesar de la crisis que los cafetaleros de la zona centro atraviesan por los precios del fruto que están siendo castigados indebida e ilegalmente por las empresas transnacionales que acaparan su compra y procesamiento. La diputada no se ha parado en Ixhuatlán del Café donde desde mediados de enero estalló un conflicto entre productores y los acaparadores de la firma Agroindustrias Unidas de México (AMSA).
La empresa rebajó el precio del café cereza, primero a 15 pesos, luego a 12 y terminaron pagándolo en hasta en 10 pesos, a pesar de que a nivel internacional el grano tiene un récord en su cotización y que entre diciembre y los primeros días de enero se llegó pagar entre los 20 y 22 pesos el kilogramo en las regiones de Huatusco y Coatepec. Con tal de deprimir el precio localmente, los acaparadores de AMSA también alegaron que había “problemas de seguridad” y luego cancelaron la compra del mismo dejando a la deriva a miles de productores que enojados se lanzaron las calles.
Primero bloquearon la carretera Fortín-Huatusco durante diez días y después el conflicto escaló y terminaron incendiando las oficinas -que no bodegas ni el beneficio húmedo que es donde se procesa el grano-. Allí en Ixhuatlán de Café, la empresa concentra el producto de los 52 puntos de compra que tiene en los quince municipios de la zona. En las últimas dos décadas, la firma ha dominado el mercado del fruto recién cortado de la mata y por lo tanto fija el precio a conveniencia sin importarles que provoque la quiebra de los pequeños productores.
De hecho, AMSA junto con Cafés California y Nestlé son las empresas transnacionales que acaparan la compra y procesamiento de café en el país -también lo hace con el cacao y del algodón-. Es la filial en México de ECOM Agroindustrial Corp. Ltd., con sede en Suiza, una de las cinco empresas que dominan el mercado mundial del café y el cacao. Contra ese gigante abusivo se enfrentan los cafeticultores ixhuatecos y lo hacen solos pues nadie los defende ni los del gobierno y ni sus representantes populares.
La diputada Nora Lagunes no les quiere tomar las llamadas telefónicas, mucho menos recibirlos y ni pensar acudir al lugar del conflicto. Se rehúsa a ayudarlos aun cuando tiene influencias en el congreso local y en el gobierno cuitlahuista pues es pareja sentimental del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Javier Gómez Cazarín de Morena, muy cercano al gobernante en turno Cuitláhuac García. Ella es considerada como una de las panistas más morenistas.
Otra que tampoco les toma las llamadas telefónicas ni se ha presentado en Ixhuatlán del Café ni tampoco en las comunidades cafetaleras de su distrito es la morenista Lourdes Juárez Lara diputada por Córdoba y secretaria de la comisión legislativa para atender el asunto del café. Lo mismo José Luis Tehuintle Xocua, también de Morena y vocal de dicha comisión. Los tres legisladores de la zona centro ha cerrado todo contacto con los afectados y voltean la cara para no atender el conflicto. ¿Valió la pena haber votado por ellos?
¿De qué sirven esos diputados?, ¿para que son integrantes de la Comisión del Café?, ¿por qué no desquitan el sueldo atendiendo y defendiendo a los ciudadanos? Y ya no se diga del propio García Jiménez y de los secretarios de desarrollo Económico y Agropecuario, Enrique Nachón García y Evaristo Ovando Ramírez, respectivamente, quienes también dejaron a su suerte a los cafetaleros.
LEY DE ADORNO
A los tres funcionarios los obliga la Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano, también llamada Ley 870, a involucrarse y velar por los cafeticultores especialmente los medianos y micro productores frente a las cadenas de compra, procesamiento y comercialización del grano.
Lo que reclamaban -y reclaman- los agricultores de Ixhuatlán del Café no son privilegios sino precisamente aplicar esa ley que ordena a la autoridad protegerlos ante los abusos en cuanto al precio. Dicha legislación, en sus artículos 19, 20 y 21, establece claramente que las autoridades del estado deberán monitorear el mercado internacional para ver las condiciones de la cotización y “conformar un precio de referencia en las distintas regiones productoras”.
“El precio de referencia del café en el estado es un mecanismo de justicia social distributiva y equitativa, con la finalidad que el productor pueda sufragar los costos de producción”, dice concretamente el artículo 20. La intervención de la autoridad es para vigilar que las comercializadoras de empresas sociales y privadas tengan precios socialmente justos para los productores quienes están bajo la tutela estatal, indica la norma.
En especial, al secretario de Desarrollo Económico le ordena “realizar los estudios y las acciones necesarias para apoyar al productor, cuando así lo requiera, para su acceso al mercado en mejores condiciones”, de acuerdo con el apartado VII del artículo 7. Es decir, estaba obligado a intervenir en el conflicto y ponerse del lado de los cafeticultores ixhuatecos y defender sus intereses frente a la transnacional, ¿por qué no lo hizo? Porque la ley en Veracruz no se cumple, es un adorno.
Y también porque nadie vela por los cafetaleros, ni los diputados ni los funcionarios ni el gobernante. Éste último en lugar de ordenar un solución al conflicto lo que hizo fue repartir culpas ajenas, pero hasta en eso mostró de parte de quién está: para él los culpables son “coyotes” o sea intermediarios en la compra del grano y la exalcaldesa ixhuateca, Viridiana Bretón, su antigua aliada y quien abría azuzado a los inconformes con fines políticos, pero excluyó de toda responsabilidad al acaparador AMSA y sus prácticas lesivas. Es el colmo de los colmos: para García Jiménez la víctima es la transnacional y no los campesinos.