ANDRÉS TIMOTEO
LA SANTA DISTANCIA
El martes se dio la renovación en la titularidad de la Arquidiócesis de Jalapa. El báculo diocesano fue tomado por el yucateco Jorge Carlos Patrón Wong quien viene de una encomienda burocrática en el Vaticano, era el encargado de las vocaciones sacerdotales y los seminarios en todo el mundo, y ahora conducirá los destinos espirituales de más de ocho millones de feligreses.
No solo asume las labores administrativas y religiosas en Jalapa sino en las otras siete diócesis que están supeditadas a la Arquidiócesis, entre ellas Córdoba y Orizaba. Si se le pone en el rasero político, Patrón Wong es una suerte de gobernante paralelo al de los poderes públicos. La Iglesia es un poder fáctico y muy influyente. Claro, nadie espere un líder justiciero y contestatario porque eso no hallará en el nuevo obispo.
Patrón Wong es más de corte carismático y de contemplación. Prioriza la oración, ha dicho siempre, aunque en una entrevista previa a su asunción en Jalapa señaló que el orará por los veracruzanos pero también los acompañará con la acción. Se entiende, entonces, que no será un pastor contemplativo, aunque eso se comprobará con el paso del tiempo.
Por el momento, en su homilía del martes dedicó unas palabras que se leyeron dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los demás políticos que siembran la división y el odio entre la población. Sin mencionarlos por sus nombres, el arzobispo dijo: “que a diferencia de personajes públicos, bien conocidos, que se dedican a dividir, a polarizar, a enemistar, creando facciones, enemigos todos los días (…)”, su tarea será llamar y velar por la unidad.
En pocas palabras fue un mensaje político. No necesitó decir más. Y lo dijo en la capital de un estado donde el gobernante en turno ha abierto tantos frentes que ocupa su tiempo más en la diatriba contra los que considera sus enemigos que gobernando. Uno de esos frentes es contra la propia iglesia católica y en especial con su antecesor, el orizabeño Hipólito Reyes Larios, fallecido en agosto pasado, y quien en los últimos meses se reivindicó en la misión profética -de anunciar y denunciar – permitiendo desde la vocería diocesana señalar de los abusos y excesos de régimen estatal.
Tan fue así que incluso ya muerto Reyes Larios algunos funcionarios cuitlahuistas lo siguen injuriando como el procurador del Medio Ambiente, el exalcalde mendocino Sergio Rodríguez Cortés. Por supuesto, a la ceremonia del martes en la catedral metropolitana no acudió ni el gobernante ni el secretario de Gobierno y ningún representante de la administración estatal.
Previamente, a Patrón Wong se le preguntó si había recibido alguna comunicación o contacto de cortesía de parte de García Jiménez y lo negó. Empero, se dijo abierto “a todas las autoridades” tanto “a nivel personal como institucional”. La lectura es buena, no porque esté dispuesto a reunirse con el mandatario sino porque no llega con una complicidad ni una obsequiosidad preestablecidas.
No se quiere ni se necesita un pastor gobiernista, al contrario entre más alejado esté de los funcionarios públicos más sale ganando el rebaño. Ahí aplica lo mismo que las medidas sanitarias para no contagiarse del virus pandémico y que un líder religioso llegue marcando su ‘sana distancia’ o, en este caso, la ‘santa distancia’ con el poder público es para aplaudirse.
CUENTOS Y CUENTAS
Al histérico gobernante en turno, García Jiménez no le salen ni los cuentos para defender su delito de “ultrajes a la autoridad” ni las cuentas para justificarlo. Dice que si echan abajo dicha categoría delictiva 40 “jefes de plaza” y 525 “lugartenientes” obtendrán su libertad, es total 575 malhechores de alta peligrosidad serán excarcelados. Eso significa más de la mitad de los mil 033 que su fiscala, Verónica Hernández, tiene en prisión por sacarle la lengua, romperle la camisa o insultar a los policías.
Y si García Jiménez asegura que esos pillos regresarán a las calles es porque no les han fincado acusaciones por sus ilícitos relativos al crimen organizado ni los ha puesto a disposición de un juez federal sino que los tiene bajo proceso judicial por ese delito tan endeble. Con razón la Fiscalía de Veracruz ocupa el tercer lugar entre las peores del país.
En diciembre pasado, la organización Impunidad Cero hizo público el “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2021” en el que la dependencia de Hernández Giadáns se ubica solo debajo de las fiscalías de Morelos y Puebla donde, por cierto, también gobiernan otros morenistas, Cuauhtémoc Blanco y Miguel Barbosa. En Veracruz solo el 1 por ciento de las denuncias se esclarece y en el 99 por ciento de los casos no se castiga a los responsables de los delitos tanto porque no son investigados como por el alto grado de impunidad que les proveen.
Entonces, ¿cómo los criminales de alto impacto no van a tener un pie en la calle? A esto se suma el escándalo por la ‘fabricación’ de culpables y la violación a los derechos humanos. Ayer mismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió otra recomendación al gobierno cuitlahuista porque los policías que dependen de Hernández Giadáns torturaron y atacaron sexualmente a una mujer de nombre Raquel presunta implicada en el asesinato de Guadalupe Martínez Aguilar, la rectora de la Universidad Valladolid en junio del 2020.
La relatoría de la CNDH es vergonzante para un ente encabezado por una mujer pues sus agentes, el personal médico y demás subordinados de Hernández Giadáns se ensañaron con una fémina. A Raquel la detuvieron el 6 de noviembre del 2020 en la Ciudad de México y mientras era trasladada a Jalapa fue golpeada por los policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente.
Ya en la sede de la Fiscalía fue revisada por un médico quien omitió asentar las lesiones que presentaba y la siguieron torturando, la golpearon e intentaron asfixiarla con una bolsa negra que le colocaron en la cabeza. Incluso hubo un funcionario que la amenazó con asesinar a su familia si no se autoincriminaba en el crimen de la rectora. Esos son Cuitláhuac García y Verónica Hernández, un par de torturadores, de “vulgares delincuentes” como bien lo dijo el exgobernador Dante Delgado Rannauro.