ANDRÉS TIMOTEO
LOS RAMONES
La historia no pocas veces despacha coincidencias ignominiosas. A cuatro décadas de que en México gobernó un López -el último con un historial abyecto pues el anterior fue Antonio López de Santa Ana – la hazaña se repite. En 1976, el priista José López Portillo nombró a su hijo, José Ramón López-Portillo Romano como subsecretario de Programación y Presupuesto y desató un escándalo por el nepotismo evidente, o sea por beneficiar con un cargo público a un familiar directo.
Empero, en aquella época la presidencia era imperial y López Portillo se burló de la indignación pública haciendo famosa la frase “es el orgullo de mi nepotismo”, en alusión a su vástago. Cuarenta y seis años después hay otro López en el poder, Andrés Manuel, y que también tiene un hijo del mismo nombre, José Ramón López Beltrán. Y nuevamente se desató otro escándalo por el conflicto de intereses y el posible tráfico de influencias.
El ‘junior’ López Beltrán con su vida de lujo en Estados Unidos habitando mansiones que son propiedad de empresas contratistas del gobierno que preside su padre, manejando camionetas de lujo y dándose una vida de magnate sin trabajar, despostilló la narrativa de su progenitor sobre la austeridad franciscana y la anticorrupción a prueba de todo.
En pocas palabras, echó por tierra la superioridad moral que presume el tabasqueño López Obrador al arengar que es diferente a los del pasado e hizo pedazos la recomendación para que los mexicanos no sean aspiracionistas -o sea que no aspiren a una vida mejor: comodidades como vivir en una casa bonita, viajar o estudiar en el extranjero y llenar la alacena o el refrigerador- y de conformarse con un par de zapatos, pues su hijo, José Ramón hace todo lo contrario y el papá lo sabe, lo tolera, lo justifica y lo defiende.
Hace veinte días, el periodista Carlos Loret de Mola difundió en el portal LatinUS un reportaje elaborado en coordinación con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre la llamada “Casa Gris” en Houston, Texas, que en el 2019 habitó José Ramón López Beltrán y que era propiedad de un ejecutivo de la empresa transnacional Baker Hughes, contratista de Pemex y que en ese mismo periodo -cuando les prestó o rentó la mansión a los López- recibió de la paraestatal una ampliación en los contratos. En lo que va del sexenio lopezobradorista tiene negocios con Pemex por 20 mil millones de pesos.
El reportaje fue demoledor del discurso de moralidad del tabasqueño quien lleva tres semanas ocupando su conferencia mañanera y el aparato de Estado para arremeter contra Loret de Mola a fin de desprestigiarlo porque no puede negar el material periodístico.
La historia es veleidosa, se insiste, pues ayer el presidente dijo sobres sus hijos que le da “mucho orgullo que resistan y se han portado bien”. Otra vez la palabra “orgullo” la misma usada por López Portillo en 1976 para referirse a su parentela. Además, el tabasqueño afirmó sobre José Ramón: “agradezco al creador de que no pinta para ser como el hijo de José María Morelos, del cura Morelos, que tuvo un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores”.
Obvio, se fue más atrás en la historia porque no reparó en la comparación más reciente, la que le sí le queda al dedillo, que fue la de José Ramón López Portillo Romano y su padre, el expresidente José López Portillo. Vaya que los Ramones traen dolores de cabeza a los López en la presidencia y que se distinguen por sus delirios de pureza.
Y el manejo de la crisis por el escándalo de la “Casa Gris” de Houston es pésimo pues el fin de semana López Beltrán publicó un comunicado para tratar de revertir la fama de “mantenido”, “holgazán” y conflictuado con los intereses de su padre, pero resultó peor ya que afirma que trabaja parala firma Kei Partners. ¡Es tapar el conflicto de intereses con otro conflicto de intereses!
Esa empresa es propiedad de los hijos de Daniel Chávez, dueño del Grupo Vidanta que opera campos de golf, aeropuertos y hoteles, y además es asesor del presidente López Obrador. Es consejero en el proyecto del Tren Maya pero también ha recibido concesiones con trato especial del gobierno como la operación del aeropuerto de Mar de Cortes, en Baja California.
AMORDAZAR A TODOS
Se puede estar de acuerdo o no con Loret, pero nadie puede negar el impacto de su material periodístico que hizo temblar al hombre más poderoso del país. Si el reportaje hubiera sido un montaje o careciera del rigor periodístico no hubiera desatado una crisis presidencial de tal magnitud. Los comunicadores con criterio cenutrio que se alegran o justifican que sea injuriado y perseguido no están exentos de ser alcanzados por la onda vengativa del autócrata tabasqueño..
La furia presidencial contra Loret es peligrosa porque traerá consecuencias para todo el gremio periodístico. Ayer, López Obrador exhibió una petición enviada al INAI para que ordene la publicación del sueldo y el estatus fiscal de periodista como si fuera funcionario público. Creado para transparentar la información del servicio público, el INAI no tiene competencia en lo privado, por lo que es impensable que avale dicha locura, lo deberá rechazar para no dar pie a una controversia constitucional.
Al caudillo no le gusta la transparencia, salvo cuando le es útil para atacar a quienes lo desnudan moralmente. Lo peor es que ya se anticipa que prepara reformas legales para que los dueños de medios de comunicación estén obligados a publicar sus capitales a pesar de que no son servidores públicos, bajo el argumento de que “hacen una actividad pública” que es informar. También que el INAI y sus versiones estatales -el IVAI en Veracruz – obliguen a los reporteros a revelar sus sueldos.
Además de que se todos los concesionarios del espacio radioeléctrico -radio y televisión- así como dueños de periódicos y portales digitales estén condicionados a difundir el monto de sus inversiones y propiedades así como las nóminas de empleados. Será una andanada para amordazar a la prensa para evitar que hagan o transmitan reportajes incómodos para el régimen, es decir promover la autocensura para no hacer enojar al presidente o otros funcionarios. ¿A que les huele eso? Claro, a un gobierno despótico, intolerante y represor. A dictadura, dirían los claridosos.