TEXTO IRREVERENTE

ANDRÉS TIMOTEO

EL IMPERIO DE LOS ATREVIDOS

Los abuelos nunca se equivocan: la ignorancia es atrevida y cuando a los ignorantes se les otorga poder únicamente puede esperar infortunios y el ridículo. Eso sucede en Veracruz pues ahora el gobernante en turno, Cuitláhuac García pretende dar lecciones de derecho constitucional ¡¡a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación!!

En una carta que les mandó y cuyo contenido se dio a conocer ayer domingo, García Jiménez les corrige la plana de forma anticipada a los ministros que está semana analizarán los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado contra el código penal de Veracruz que contiene el famoso delito de “ultrajes a la autoridad”

Hay un párrafo imperdible en la misiva que dice: “el texto normativo es preciso y claro; si bien es cierto, la denominación del delito es ‘ultrajes a la autoridad’, en ningún momento ni en el texto ni en la contextualización se hace referencia a ‘ultrajar’ ni ‘a quien ultraje’ en su descripción legal, delito que en otros Estados (sic)  al utilizar dicho verbo, ha sido considerado como inconstitucional”

Es todo un monumento al cantinfleo y a la escasez de preparación jurídica -¿lo habrá redactado el tuxtleco Javier Gómez Cazarín, el bajacaliforniano Patrocinio Cisneros o la fiscala Verónica Hernández?, es posible que los tres hayan aportado ideal para ese texto pues ese trío sabe de derecho lo mismo que de astrofísica-.

¿Cuál claridad y cuál precisión si el mismo García Jiménez dice que si bien en el código penal dice lo que dice tampoco dice abiertamente lo que se ha dicho? ¿Entendió el lector? En pocas palabras, afirma que si bien el delito se llama así, “ultrajes a la autoridad”, en el texto del código penal no se menciona las palabras ultrajado ni ultrajador entonces no hay materia para considerarlo así.

Y salten de la sorpresa: que tampoco se mencionan ambos términos en la “contextualización”. Esto en derecho cae en la interpretación de la ley algo que no puede hacer ni el gobernante ni su fiscala y ni siquiera los legisladores -diputados locales y federales o los senadores-.  La interpretación de la ley solo compete a los magistrados y los ministros. Los primeros integran el Poder Judicial local y los tribunales de distrito o especializados, mientras que los segundos son el cuerpo colegiado del Poder Judicial de la Federación.

Nadie más está facultado para “contextualizar” ni interpretar la ley. Entonces, ¿en Veracruz, según el afirmado por García Jiménez, se está aplicando el delito de “ultrajes a la autoridad” según lo  interpretado por los policías, los agentes ministeriales y la fiscala Hernández Giadáns? Eso es una barbaridad jurídica confesada por García Jiménez en su carta.

Pero las barbaridades no paran allí pues el gobernante también recomienda a los ministros no declarar como inconstitucional el mencionado delito ya que “no restringe los derechos humanos de las personas, como lo es la libertad de expresión y la información, ya que como se ha mencionado, el delito es claro, preciso”. ¿Y los presos inocentes?, ¿y los presos políticos?, ¿y todos los abusos de autoridad que se han cometido con ese argumento penal?

Y no se mide porque a los togados además de marcarles la pauta en cuanto a su trabajo para velar por la constitucionalidad de las normas jurídicas estatales también los pretende espantar con ‘el petate del muerto’ que viene agitando aquí, de que las cárceles se vaciarán de los jefes del crimen organizado que se han capturado por este ilícito.

“De declararse inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden…las personas que estén en prisión por haber cometido este ilícito, quedarían en libertad, por lo que este hecho causará un precedente jurídico y obligatorio a nivel nacional”.

Vaya osadía, a los ministros les ordena no crear jurisprudencia -o sea no hacer su trabajo – y hasta se da el lujo de ¡¡decidir que es la realidad!!, cuáles son los “hechos y conductas que en la realidad suceden” como si los togados fueran aprendices de los delitos que prevé la norma. ¿A poco no es osadía?

Pero García Jiménez no es el único aventurado pues ayer mismo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado, Isabel Romero lanzo otra ‘perla negra’ para defender la permanencia de ese delito al afirmar que si se deroga “los policías van a quedar desamparados totalmente” ¡¡frente la ciudadanía!! Romero Cruz considera que la ley debe cuidar a los policías y al pueblo. Los ciudadanos son los peligrosos y los policías las víctimas. Es el mundo al revés.

Y Romero hasta les mandó a decir a los ministros -sus superiores en jerarquía, por supuesto – que cometerán una “aberración” si le tumban el ariete represor al gobierno de Veracruz. Sin duda que Veracruz es el imperio de los ignorantes y estos son muy atrevidos.

LA MUJER INVISIBLE

Cosas hilarantes de la política: el cabildo de Córdoba declaró como “desaparecida” a la exalcaldesa Leticia López Landero. Esto porque la panista dio como dirección un domicilio falso en el fraccionamiento San Nicolás cuando hizo la entrega-recepción del ayuntamiento y debido a eso no la pudieron localizar para entregarle el citatorio para comparecer por las 183 “irregularidades” detectadas.

Para acreditar que no la encontraron, el nuevo alcalde, el morenista Juan Martínez Flores, envió a su contralor Lauro Ramos y a un notario para acreditar que la dirección que dio la exedil antes de irse no existe y que los vecinos tampoco la conocen. ¿No es para carcajearse? El contralor Ramos dijo sin tapujos que no se le pude localizar y entonces tampoco está enterada oficialmente para que acuda a aclarar las irregularidades detectadas.

 Claro, no la buscaron en sus dos mansiones de Lomas del Barreal ni del exclusivo Campestre ni en su súper-penthouse de Boca del Río. Ahora, López Landero está ilocalizable y pronto la considerarán inimputable. No cabe duda que el secretario de Gobierno, Patrocino Cisneros, ‘padrino mágico’ de la cordobesa, es muy efectivo pues le dio súper poderes y ahora se hace invisible cuando es requerida para explicar lo robado.