- Presentan iniciativa 3 de 3 para armonizar la Constitución de Veracruz con el artículo 38 de la Carta Magna del país.
- Sería requisito para candidatos de elección popular, administración pública estatal, municipios y organismos autónomos.
Xalapa, Ver.- La diputada del Grupo Legislativo del PAN, Monserrat Ortega Ruiz presentó una iniciativa para evitar que personas que hayan ejercido algunos tipos de violencia contra las mujeres puedan asumir cargos públicos en la entidad.
La propuesta presentada en sesión extraordinaria este jueves busca armonizar el marco legal del estado con el federal en esta materia. “La Constitución Política de México establece en el articulo 38, que ninguna persona con sentencia firme podrá ser registrada como candidato para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrado para empleo, cargo o comisión en el servicio público”, detalló.
Es decir que de esta forma ninguna persona violentadora podrá asumir un cargo público o de elección popular en Veracruz al aprobarse la iniciativa m. La también conocida como “Ley 3 de 3” impedirá a que quienes hayan incurrido en violencia de género, violencia sexual o incumplido con su deber legal de dar alimentos a sus hijas e hijos, puedan llegar a cargos públicos y de poder político.
“De ser aprobada quienes aspiren a ser candidatos a gobernador, diputaciones locales, alcalde o regidor, funcionarios de la administración pública estatal y municipal; así como de los organismos tendrán que cumplir con ese requisito de legibilidad”, indicó.
Ortega Ruiz recordó que en Veracruz se tiene una alta incidencia de violencia contra las mujeres, a pesar las leyes e instituciones creadas para su protección. Además que, de acuerdo con datos del Organismos Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional de personas condenadas y sancionadas en materia de violencia política contras las mujeres.
Finalmente, la legisladora llamó a sus compañeras y compañeros diputados, para que dictaminen la iniciativa favorablemente y voten para dar legal cumplimiento a la armonización de la Constitución Política local con la Carta Magna del país y que ninguna persona agresora acceda a puestos de poder.