- La iniciativa fue presentada por PT para que ultrajes a la autoridad no sea delito grave
Xalapa, Ver., 09 de Diciembre de 2021.- El diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal del Estado, donde plantea que no se equipare a un delito grave.
Admitió que hay excesos en la aplicación de dicho delito, tras la reforma aprobada en marzo de este año por la LXV Legislatura, “y su aplicación ha provocado abusos de quienes se entiende están al servicio de la impartición de justicia y quienes, en muchos casos, sin el menor recato violan garantías constitucionales, fomentando incluso la fabricación de delitos”.
En tribuna, Ramón Díaz explicó que la iniciativa se analiza desde antes del 30 de julio, día en que se fincó responsabilidad a 32 militantes del Partido del Trabajo por el delito de
ultrajes a la autoridad en el municipio de Jesús Carranza.
“Resulta que 16 compañeros petistas tienen en estos momentos órdenes de aprehensión por ultrajes a la autoridad, por defender el derecho que ellos consideraban en las urnas en junio de este mismo año”, comentó.
Expuso que Pasiano Rueda Canseco, quien fuera el candidato del PT a la alcaldía, se encuentra preso actualmente por este delito, por defender su triunfo en Jesús Carranza, y legislar en bien de la sociedad es una responsabilidad moral de quienes hoy formamos parte de esta Soberanía.
Acusó que el delito de ultrajes a la actualidad es desproporcionado, al equipararse a un delito grave, derivando en abusos de quienes están al servicio de la impartición de justicia y que sin menor recato, violan garantías constitucionales fomentando la fabricación de delitos.
“Las penalidades aplicables al delito de agresión a un servidor público o ultrajes a la autoridad tal y como está tipificado actualmente, constituye una medida desproporcional equiparado a delitos graves, lo que en su aplicación ha provocado abusos de quienes se entiende están al servicio de la impartición de justicia y quienes, en muchos casos, sin el menor recato violan garantías constitucionales, fomentando incluso la fabricación de delitos”, expresó.
Como ciudadano, dijo que está a favor del respeto a las instituciones y a quienes las representan, pero también está en contra de penalidades irracionales, y la propuesta de reforma, recoge el sentimiento de muchos ciudadanos que han padecido y siguen padeciendo las injusticias de esta ley.
“Hoy debemos ver la oportunidad de enaltecer la actividad política y demostrar a la sociedad que aún en las diferencias políticas que puedan separarnos ideológicamente, el interés por proteger y salvaguardar sus derechos y que son nuestros también, nos une para ir juntos a reformar leyes que lesionen derechos consagrados en la constitución”, finalizó.