— Hay presos sin pruebas y sin sentencia en cárceles de Veracruz.
Xalapa, Veracruz, México
31/07/2026
Quetzalli Carolina Vázquez/ QUE Noticias
En Veracruz existe intromisión del poder político en las decisiones judiciales y los jueces pueden enfrentar consecuencias cuando sus resoluciones afectan intereses de funcionarios, aseguró la exjueza Angélica Sánchez Hernández, quien afirmó que su caso es ejemplo de cómo opera la presión sobre los impartidores de justicia.
Durante una entrevista, la exintegrante del Poder Judicial recordó que fue detenida en dos ocasiones en 2023, encarcelada, sometida a prisión preventiva y posteriormente a arraigo domiciliario, después de dictar la no vinculación a proceso de Itiel “N”, alias “Compa Playa”, en cumplimiento de una resolución federal.
Sánchez Hernández rechazó haber favorecido al imputado y sostuvo que únicamente acató una orden emitida por un juez de distrito y confirmada por un Tribunal Colegiado.
La exjueza relató que, tras emitir la resolución, informó de inmediato a quien entonces era presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, hoy Fiscal General del Estado y que la reacción fue inmediata: “Me dijo: te atienes a las consecuencias”, recordó.
Al día siguiente, dijo, fue detenida por elementos de la Policía Estatal, incomunicada, acusada de delitos contra las instituciones de seguridad pública y contra la salud, además de que le fueron sembradas drogas y un arma de fuego para justificar el procedimiento en su contra.
Posteriormente obtuvo su libertad, pero días después fue nuevamente detenida en la Ciudad de México por agentes ministeriales de Veracruz, pese a contar con una suspensión federal que impedía ejecutar acciones legales en su contra.
“Había interés del entonces secretario de Gobierno y había interés de la entonces titular del Poder Judicial y actualmente Fiscal General del Estado para poder mantener tras las rejas a este personaje”, declaró.
La exjueza señaló directamente al exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos como una figura con influencia dentro de las instituciones de procuración e impartición de justicia durante el sexenio anterior.
Incluso aseguró que la entonces fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, y la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ahora, Fiscal General del Estado, respondían al mismo grupo político.
“Las dos derivaban del mismo personaje”, expresó al referirse a Cisneros Burgos.
Sobre Hernández Giadáns, Sánchez Hernández fue particularmente crítica y afirmó que deberá responder por sus decisiones.
“Verónica Giadáns solamente debería de ver su retrato ahí en el lugar donde está Winckler, porque también hizo muchas cosas únicamente por acatar órdenes de quien la puso”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que la falta de autonomía judicial continúa siendo un problema dentro de las instituciones.
“Sí se les hablaba por teléfono a los jueces para decirles: ‘oye, vamos a estar vigilando cómo vas a resolver’; eso significaba que tú no puedes dictar una libertad, tú no puedes dictar una sentencia absolutoria porque te están vigilando”, afirmó.
Y agregó: “Eso es una total intromisión a la decisión del juez y eso hace que no haya independencia judicial”.
Al ser cuestionada sobre qué puede esperar la ciudadanía si una jueza terminó en prisión por cumplir una resolución federal, Sánchez Hernández expresó preocupación por la situación de miles de personas que enfrentan procesos penales sin contar con recursos para defenderse.
“Yo lo siento terrible, porque sobre todo al haber estado en prisión conocí muchos casos de gente que está ahí sin tener pruebas suficientes para estar, sin sentencia: yo soy jueza y me pude defender, pero tanta gente que no se puede defender”, señaló.
Añadió que quienes no tienen recursos para contratar abogados particulares enfrentan una situación todavía más complicada.
“¿A dónde quedan los ciudadanos que no tienen para pagar un abogado particular? Pues no hay modo, no hay quien los defienda”, lamentó.
La exjueza también reveló que analiza demandar al Estado de Veracruz por los daños ocasionados durante el proceso que enfrentó.
Aseguró que dejó de percibir más de tres años de salario, perdió la posibilidad de continuar su carrera judicial y fue excluida del proceso de elección judicial.
Durante la entrevista también lanzó críticas contra el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez.
“Yo lo mandaría a estudiar… Tiene un problema, a lo mejor alguna vez consumió drogas.
Que Dios lo perdone, yo sé que todo lo que se hace, todo se paga”, agregó.
Actualmente, Sánchez Hernández participa en las actividades de Movimiento Ciudadano, partido por el que fue candidata al Senado de la República, y aseguró que continuará en la vida pública impulsando cambios en el sistema de justicia.
La exjueza descartó buscar un cargo dentro del Poder Judicial mientras permanezcan las condiciones actuales y afirmó que seguirá señalando lo que considera irregularidades dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia en Veracruz.