XALAPA, VER. – Mientras las primeras detenciones por el fraude de 114 millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) han sido difundidas ampliamente, una red clave de operadores financieros y administrativos permanece en libertad, buscando, según denunciantes, desviar la atención mediática apuntando a otros sexenios, sobre su responsabilidad directa en el saqueo institucional en 2025.
En el centro de la maniobra distractora se encontrarían Elías Calixto, exfuncionario de la SEV; Juan Martínez, operador de la asociación civil EDAL —vehículo utilizado para el desvío—; y José Martín Rivera Martínez, sobrino de Juan Martínez y actual jefe de asesores de la secretaria de Educación, Claudia Tello. Esta red, afirman fuentes internas, actúa para que la opinión pública centre su atención en figuras ya procesadas, como el exrector encarcelado, mientras los verdaderos orquestadores del esquema financiero permanecen impunes.
“Es un clásico juego de cortinas de humo”, acusa un docente de la UPAV que solicitó reserva de identidad. “Han logrado que se hable de los primeros detenidos, pero el flujo del dinero, la autorización para que una asociación civil manejara los recursos y el cobro de ‘derecho de piso’ apuntan a una estructura que sigue intacta y operando desde las sombras”.
La gobernadora Rocío Nahle, quien desde el inicio de su administración advirtió que en su gobierno no habría cabida para la corrupción, ha recibido en los últimos días presiones públicas y privadas para que la investigación no se detenga en los eslabones iniciales. Fuertes rumores en círculos políticos y judiciales de Xalapa apuntan a que, en cumplimiento de esa promesa de cero impunidad, las próximas horas podrían deparar detenciones de mayor nivel relacionadas con el caso.
“La gobernadora está cumpliendo su palabra de limpiar las instituciones”, afirmó una fuente cercana al ejecutivo estatal. “El mensaje es claro: no importa qué cargo se ocupe o a qué red se pertenezca; si hay delito, habrá consecuencias. La investigación avanza hacia los responsables intelectuales y financieros”.
La AC EDAL, manejada por Juan Martínez, se configuró, según la investigación en curso, como el mecanismo perfecto para vaciar las arcas de la universidad, dejando sin salario a miles de docentes desde abril de 2025. La cercanía familiar de su operador principal con un alto asesor de la Secretaría de Educación añade un nivel de gravedad institucional que, aseguran los afectados, no puede quedar sin investigación.
La comunidad universitaria y la ciudadanía en general esperan que las próximas acciones judiciales reflejen un auténtico compromiso con la justicia y no solo una respuesta parcial. “Veracruz tiene los ojos puestos en este caso. Detener a los ejecutores materiales no es suficiente; debe llegarse a quienes dieron las órdenes, autorizaron los movimientos y se beneficiaron del dinero del pueblo”, concluyó un representante de los asesores solidarios afectados.
La Secretaría de Educación no se ha pronunciado sobre la situación específica de su jefe de asesores, José Martín Rivera Martínez, en relación con la investigación. Sin embargo, se espera que la Fiscalía General del Estado dé a conocer en breve nuevos avances que, se rumora, apuntarían a los niveles decisorios del fraude.