+++ En la metodología para el monitoreo de medios en las campañas 2026-2027 se incorpora el apartado “Mecanismos discursivos indirectos de descalificación…”
+++ INE hizo su lista a valorar: Ironía o Sarcasmo. Minimización. Infantilización. Cuestionamiento implícitos de legitimidad y Asociación negativa por identidad.
+++ Ni con el pétalo de una ironía se podrá mencionar a precandidatos o candidatos; el INE hará el reporte
Filias y fobias… del Poder.- Por Miguel Ángel Rueda-Ruíz
El Poder suele tener una relación complicada con el Periodismo y los periodistas.
Los “quieren” cuando los elogia.
Los tolera cuando informa.
Los cuestionan cuando investiga.
Y frecuentemente los detestan cuando ironizan.
Por eso conviene recordar algo que parece elemental pero que a veces se olvida, el Periodismo no nació para ser cómodo al Poder.
Ni para el gobierno.
Ni para los partidos políticos.
Ni para los candidatos.
Ni siquiera para los árbitros electorales. INE u OPLE.
La Democracia necesita periodistas capaces de preguntar, investigar, incomodar, ironizar y cuestionar.
También necesita mecanismos eficaces para impedir que esa libertad sea utilizada para discriminar o ejercer violencia.
El equilibrio es difícil.
Pero precisamente por eso debe existir.
Si en el intento de proteger la Democracia terminamos haciendo que los periodistas teman a una interpretación administrativa de sus palabras, habremos conseguido una paradoja peligrosa.
Elecciones formalmente más equitativas, sí, pero un debate público menos libre.
Una Democracia sin libertad para cuestionar al Poder puede conservar muchas instituciones.
Lo que empieza a perder es algo mucho más importante, la capacidad de decirle al Poder, sin miedo, que está equivocado.
El preámbulo surge frente a la metodología que el Instituto Nacional Electoral (INE) plantea para el monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas del Proceso Electoral Federal 2026-2027.
¿Hasta dónde puede llegar el Estado para garantizar la equidad de una contienda sin terminar interviniendo en aquello que precisamente hace posible una Democracia, la Libertad de Expresión?
En principio, nadie debería objetar que el árbitro electoral vigile la cobertura de los medios. La equidad en la contienda, el derecho de las audiencias a recibir información plural y la obligación de prevenir expresiones discriminatorias —particularmente aquellas relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género— son objetivos legítimos.
El problema aparece cuando el monitoreo deja de contar lo que se dijo para comenzar a interpretar lo que supuestamente quiso decir quien lo dijo.
Y ahí comienza el terreno pantanoso.
Vamos a pasar del cronómetro a la interpretación.
Durante años, el monitoreo de medios electorales se ha apoyado, fundamentalmente, en variables susceptibles de medición como cuánto tiempo recibió cada candidatura, cuántas menciones tuvo, en qué espacios apareció, cuál fue el tono explícito de una información y otros indicadores susceptibles de ser contrastados.
Pero la incorporación de “Mecanismos discursivos indirectos de descalificación…” en la Metodología para el Monitoreo de programas que difundan noticias introduce una variable distinta, la interpretación.
El INE definió una lista de lo que llama “Mecanismo Discursivo” donde aparecen Ironía o Sarcasmo. Minimización. Infantilización. Cuestionamiento implícitos de legitimidad y Asociación negativa por identidad.
En la imagen que acompaña esta columna se desglosa la variable y la conceptualización del INE
Estos son recursos que pueden utilizarse para discriminar, sí. Pero también son herramientas habituales del periodismo de opinión, de la columna política, de la caricatura, de la sátira y de la conversación pública.
El sarcasmo, por ejemplo, puede ser una forma de violencia discursiva. Pero también puede ser una herramienta legítima para desnudar una contradicción del poder.
La diferencia no siempre está en las palabras.
Está en el contexto, la intención, el contenido, el personaje al que se dirige y las circunstancias en que se pronuncian.
¿Puede un algoritmo determinarlo? Difícilmente.
¿Puede hacerlo un monitorista?. Sí, pero entonces surge la pregunta fundamental: ¿con qué criterios objetivos y verificables?
Surge entonces el peligro de convertir al monitorista en intérprete
Hay un detalle que merece especial atención. Cuando se solicita que el monitoreo describa y justifique por qué una expresión corresponde a determinado mecanismo discursivo, el monitorista deja de ser un simple registrador.
Se convierte, en cierta medida, en intérprete del discurso periodístico.
Y eso no es menor.
Una tarea es registrar que un periodista dijo determinada frase y otra muy diferente concluir que utilizó sarcasmo, que pretendió minimizar a una candidatura o que cuestionó implícitamente su legitimidad.
El segundo ejercicio requiere interpretación.
Y toda interpretación humana puede contener sesgos.
Por eso la metodología tendrá que distinguir con enorme precisión entre crítica política, opinión desfavorable, sátira, discriminación y violencia.
Porque si todo discurso incómodo termina convertido en una categoría de monitoreo, el resultado puede ser exactamente contrario al que se busca.
Existe además un principio democrático elemental que no debería perderse de vista.
Quien aspira a ejercer poder público debe estar sujeto a un escrutinio particularmente intenso.
Las candidaturas no participan en una competencia privada.
Pretenden ocupar espacios desde los cuales tomarán decisiones que afectan a millones de personas.
Por eso la crítica sobre su trayectoria, capacidad, experiencia, propuestas, preparación, congruencia o incluso personalidad política forma parte del debate público.
Decir que una candidata carece de experiencia no debería convertirse automáticamente en “infantilización”.
Preguntar si un candidato está preparado para gobernar no debería interpretarse automáticamente como un cuestionamiento ilegítimo de su candidatura.
Criticar severamente una propuesta tampoco debería convertirse en una descalificación indirecta.
La democracia no puede garantizar que las personas candidatas sean tratadas con amabilidad.
Lo que debe garantizar es que sean tratadas con equidad y que no sean víctimas de discriminación o violencia por razones prohibidas.
Son cosas distintas.
La protección de las mujeres no debe convertirse en blindaje político
Aquí conviene hacer una precisión.
La existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género es una realidad que debe ser combatida.
Y precisamente por eso la metodología debe ser rigurosa.
Porque si se mezclan en una misma bolsa el ataque discriminatorio y la crítica política legítima, se termina debilitando la protección que se pretende fortalecer.
Una candidata no necesita ser protegida de la crítica por ser mujer.
Necesita ser protegida de la violencia y la discriminación por ser mujer.
La diferencia parece semántica, pero es constitucionalmente fundamental.
Si una periodista cuestiona a una candidata por su preparación, debe poder hacerlo.
Si un columnista considera equivocadas sus decisiones políticas, debe poder expresarlo.
Si un comentarista utiliza ironía para exhibir una contradicción, debe poder hacerlo.
Pero si una persona pretende desacreditarla por su condición de mujer, reproduce estereotipos de género o utiliza expresiones que constituyen violencia política por razón de género, entonces el Estado tiene no solamente el derecho, sino la obligación de intervenir conforme a la ley.
El desafío consiste en no confundir ambos terrenos.
Y aquí aparece uno de los mayores riesgos. El efecto inhibitorio.
Un periodista que sabe que sus expresiones pueden terminar registradas, clasificadas y contabilizadas por una autoridad electoral podría comenzar a pensar dos veces antes de utilizar determinada expresión.
El analista puede evitar la ironía.
El columnista puede suavizar la crítica.
El conductor puede preferir una frase neutra.
No porque haya cambiado de opinión.
Sino porque el costo de interpretar mal su opinión puede resultar demasiado alto.
Eso es autocensura.
Y una democracia robusta debería preocuparse tanto por la discriminación como por el silencio impuesto por el miedo.
La libertad de expresión no protege únicamente las opiniones agradables.
Protege especialmente aquellas que incomodan, cuestionan, satirizan y confrontan al poder.
En este sentido, Ee árbitro no debe convertirse en censor.
El INE tiene una responsabilidad extraordinaria.
Debe garantizar equidad electoral sin convertirse en árbitro del buen gusto periodístico.
Debe identificar discursos discriminatorios sin convertirse en juez de la ironía.
Debe combatir la violencia política sin terminar calificando cada crítica como violencia.
Debe monitorear los medios sin provocar que los medios comiencen a hablar bajo la lógica del miedo.
Porque existe una frontera que ninguna democracia debería cruzar alegremente.
Esa que separa la regulación necesaria para garantizar elecciones libres de la intervención estatal sobre el contenido del debate público.
Y esa frontera debe trazarse con bisturí, no con machete.
El asunto, entonces, no es si el INE debe monitorear.
Claro que debe hacerlo.
La verdadera pregunta es cómo lo hará y qué consecuencias tendrá aquello que registre e interprete.
¿Qué capacitación tendrán los monitores?
¿Qué criterios uniformes utilizarán?
¿Cómo se resolverán las discrepancias?
¿Habrá mecanismos de revisión?
¿Se distinguirá claramente entre información, opinión, análisis y sátira?
¿Se permitirá a los medios controvertir una clasificación?
¿Se evitará que el monitoreo sea utilizado posteriormente por actores políticos para desacreditar periodistas?
Son preguntas que deberían responderse antes de que comience la maquinaria electoral.
En Democracia el árbitro también debe ser vigilado.
Y particularmente cuando comienza a interpretar no solamente los hechos, sino el sentido sutil de las palabras.