• Luis Carbonell de la Hoz califica de «atentado contra la salud» la pérdida de insumos valuados en casi un millón de pesos; demandan castigo para funcionarios responsables.
La titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Mariela Hernández García, debe brindar una explicación transparente a la sociedad veracruzana sobre la grave negligencia administrativa que derivó en la caducidad de lotes de medicamentos oncológicos.
Lo anterior fue demandado por la dirigencia de Movimiento Ciudadano, bajo la coordinación estatal de Luis Carbonell de la Hoz, quien señaló que la omisión y la falta de gestión en este caso son actos de corrupción que, en última instancia, cuestan vidas.
Carbonell de la Hoz recordó que el acceso a la salud no es una concesión gubernamental, sino un derecho humano fundamental establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, subrayó que es obligación irrenunciable de todos los niveles de gobierno hacerlo cumplir.
Al respecto, el dirigente estatal hizo eco de la postura del coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien ha sostenido firmemente que el Estado debe garantizar servicios de salud dignos y medicamentos suficientes, calificando cualquier omisión en esta materia como una violación directa a los derechos de las y los mexicanos.
«No basta con dar trámite burocrático al desperdicio; es imperativo que se identifique y sancione con todo el peso de la ley a los responsables», subrayó Carbonell.
De acuerdo con documentos oficiales, el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) «Dr. Miguel Dorantes Mesa» y el Hospital Regional de Xalapa «Dr. Luis F. Nachón» reportaron la pérdida de casi 100 kilogramos de fármacos, con un valor cercano al millón de pesos.
Según consta en un acta fechada el pasado 6 de febrero de 2026, funcionarios de alto nivel —entre ellos la directora administrativa, Elizabeth Escamilla Reyes, y el director de Salud Pública, Leonel Efrén Rivera Pinete— habrían firmado la baja de estos insumos.
Luis Carbonell expuso que este documento «es el testimonio de un sistema que prefirió desechar medicamentos que debieron estar en el torrente sanguíneo de un paciente y no en un inventario de desechos». Asimismo, contrastó esta situación con los modelos de cobertura universal y tratamientos gratuitos impulsados por gobiernos ciudadanos en estados como Jalisco y Nuevo León.
“A nivel nacional seguiremos impulsando que se destinen 40 mil millones de pesos para la compra de medicamento oncológico que sirva para salvar vidas, y no para alimentar la negligencia de un sistema de salud estatal que agoniza por falta de capacidad y empatía”, concluyó.