Quetzalli Carolina Vázquez
¿DESAPARECERÁ LA CEAPP?
Hay instituciones que fracasan por falta de recursos, otras porque pierden la confianza de quienes deberían representar; la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) parece encontrarse en este segundo escenario.
Desde su creación, la CEAPP ha ejercido cerca de 290 millones de pesos de recursos públicos; este año tiene el presupuesto más alto de su historia. Sin embargo, Veracruz sigue siendo la entidad más peligrosas para ejercer el periodismo.
Y mientras el presupuesto de la CEAPP creció de manera sostenida, el Estado continuó registrando asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas.
Pero quizás el dato más revelador no es el presupuesto total, sino la forma en que se ejerce; en 2025, alrededor del 91.5 por ciento de los recursos se destinó a salarios, operación y gastos generales y apenas el 8.5 por ciento se canalizó a apoyos y protección; es decir, nueve de cada diez pesos se utilizaron para sostener la estructura institucional y menos de uno se destinó a las acciones para las cuales el organismo fue creado.
Es cierto que nadie espera que la CEAPP detenga por sí sola la violencia que enfrentan los periodistas — sería una exigencia absurda—, pero sí es razonable preguntarse si los recursos públicos destinados a su operación están produciendo resultados medibles y verificables.
Es ahí donde surgen las dudas porque durante la actual integración de la CEAPP, Veracruz ha registrado tres comunicadores asesinados y dos desaparecidos, al menos uno de los asesinados contaba con medidas de protección vigentes otorgadas por la propia CEAPP, situación confirmada públicamente por la Fiscalía General del Estado.
Si bien nadie puede responsabilizar a la CEAPP por actos criminales cometidos por terceros, sí es legítimo preguntarse qué tan eficaces son los mecanismos de protección cuando un beneficiario de ese esquema termina asesinado pese a encontrarse bajo resguardo institucional.
Cuando Krista Armenta, reportera de QUE Noticias, solicitó información sobre la efectividad de las medidas de protección, los tiempos de respuesta, los indicadores de desempeño y los resultados obtenidos, la institución no transparentó de manera puntual los datos; es decir: se informa cuánto se gasta, pero no se dice qué tan efectivas son las acciones que se financian con ese gasto.
Por si fuera poco, a esta falta de resultados verificables se suma una crisis de confianza cada vez más evidente pues dentro de amplios sectores del gremio existe la percepción de que la actual CEAPP mantiene una cercanía excesiva con el poder político; su presidente, Luis Ramírez Baqueiro, es identificado por numerosos periodistas como «vocero no oficial» del gobierno estatal.
Más allá de que esa apreciación sea justa o no, el hecho revela un problema profundo para una institución cuya fortaleza debería descansar en su autonomía y credibilidad.
La situación se agrava con los señalamientos públicos contra el actual secretario ejecutivo, Tulio Moreno, por presuntos adeudos laborales a trabajadores de un medio de comunicación del cual es representante legal.
Pero concentrar la discusión únicamente en las personas sería simplificar el problema; la verdadera falla parece encontrarse en el modelo; en enero de 2025, el propio Congreso del Estado reconoció públicamente la necesidad de reformar la CEAPP para que los periodistas participaran de manera directa en la elección de quienes integran el organismo, se habló de representación gremial, autonomía y legitimidad; se dijo que era necesario corregir las deficiencias del modelo.
Pero la reforma nunca llegó, el Congreso reconoció el problema, prometió corregirlo y después guardó silencio y sería interesante saber por qué una reforma considerada necesaria por los propios legisladores jamás se concretó.
Mientras tanto, el desgaste institucional, el desencanto del gremio y los cuestionamientos sobre la viabilidad de la Comisión no han dejado de crecer.
Hoy circulan versiones sobre una posible iniciativa para extinguir el organismo; pero tampoco la desaparición garantiza una solución, cambiar el nombre de la institución sin modificar los mecanismos de designación, rendición de cuentas y representación sólo serviría para trasladar los mismos problemas a una nueva estructura burocrática.
Después de más de una década de existencia, cerca de 290 millones de pesos ejercidos, una estructura que destina nueve de cada diez pesos a su operación, periodistas asesinados incluso bajo esquemas de protección, una reforma prometida que nunca llegó y una legitimidad cada vez más cuestionada, la CEAPP enfrenta la crisis más profunda de su historia.
Y quizás la pregunta ya no sea si debe extinguirse o permanecer sino por qué quienes tuvieron la responsabilidad de fortalecerla, reformarla y devolverle credibilidad decidieron no hacerlo.
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