Xalapa, Ver.
El abogado electoral Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo presentó demanda de
amparo indirecto ante la justicia federal, con el objetivo de garantizar el ejercicio
del derecho constitucional de revocación de mandato en el estado de Veracruz.
El juicio fue promovido en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, del
Congreso del Estado de Veracruz, del Instituto Nacional Electoral (INE) y del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte del contexto
estructural de ineficacia del derecho.
El amparo sostiene que existe una omisión legislativa prolongada que ha
convertido en materialmente imposible el ejercicio del derecho de revocación de
mandato reconocido en el artículo 35 de la Constitución.
Actualmente, el Congreso local dispone únicamente de aproximadamente 55 días
para emitir la ley secundaria correspondiente, antes de que concluya el actual
periodo ordinario de sesiones. De no hacerlo, la ciudadanía veracruzana podría
quedar imposibilitada en los hechos para activar dicho mecanismo de democracia
participativa durante el actual sexenio.
La demanda advierte que el destino del derecho constitucional de más de 6.1
millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Veracruz quedará ahora
en manos de un juez de distrito federal, quien deberá determinar si el Estado
puede mantener un derecho constitucional únicamente en el papel, sin permitir su
ejercicio efectivo.
El juicio plantea que ya no se trata de una simple omisión legislativa, sino de una
“omisión estructural del Estado”, en la que concurren diversos órganos públicos
mediante dilaciones, formalismos y simulaciones de cumplimiento.
Asimismo, se argumenta que las autoridades electorales y jurisdiccionales han
permitido una situación de incertidumbre jurídica, pese a que el propio Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en precedentes federales, fijó plazos
perentorios para legislar en materia de revocación de mandato.
El escrito también invoca criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente el precedente
de Jorge Castañeda Gutman contra el Estado mexicano, en donde se estableció
que los derechos políticos deben contar con recursos judiciales efectivos y no
meramente formales.
En ese sentido, el promovente advirtió que, si el sistema jurídico mexicano
continúa negando una tutela judicial efectiva, la ruta que quedará abierta será
acudir ante la Comisión y posteriormente ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, al estimarse vulnerados los derechos políticos reconocidos
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El problema ya no es únicamente legislativo. El problema es que el Estado
mexicano no puede reconocer un derecho constitucional y al mismo tiempo
impedir su ejercicio mediante omisiones y simulaciones institucionales”, sostuvo
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo.
El juicio de amparo fue presentado este día ante un juzgado federal en el estado
de Veracruz.