OVED CONTRERAS
LOS BRAZOS EJECUTORES…Entre la fiscalía estatal y el Congreso local ya le cuadraron el expediente a la tía Chío: van a desaforar a dos alcaldes de Movimiento Ciudadano para debilitar a la “naranja agria”, como le dicen sus escribientes…otra vez la fiscalía como en los tiempos de Cuitláhuac, es el brazo ejecutor del gobierno estatal para someter a los representantes del único partido que les puede dar batalla en el 2027.
Los alcaldes de Ixhuatlan del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos del movimiento naranja, han sido notificados de sus procesos de desafuero en el Congreso Local por petición de la Fiscalía Estatal de Veracruz que los liga a hechos delictivos donde presuntamente tienen participación.
En el caso del edil de Ixhuatlán del Sureste, la FGE lo vincula directamente con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada el pasado 2 de junio en su domicilio en Nanchital y posteriormente hallada sin vida. De este hecho, la fiscalía informó a la Comisión Instructora del Congreso Local que un testigo según escuchó al edil comunicarse con un líder criminal de la zona, para indicarle que privara de la libertad a la comunicadora, bajo el argumento de que ella poseía una fotografía en la que el funcionario aparecía en compañía del líder criminal ligado a dicho secuestro y posterior crimen.
Mientras que en el caso de Úrsulo Galván, la fiscalía solicitó el desafuero del alcalde Bertín Bravo, al señalar que existen videos, registros telefónicos, testigos e inconsistencias en sus declaraciones que lo relacionan con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López
Tras ser notificados formalmente, los alcaldes cuentan con un plazo de siete días hábiles el cual vence el próximo martes, para presentar su defensa por escrito o comparecer directamente ante la Comisión Instructora. Una vez que concluya dicho plazo, la Comisión Instructora fijará la fecha para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a fin de continuar con la integración de los expedientes.
Posteriormente, la comisión evaluará la documentación y los argumentos presentados para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen el avance del procedimiento solicitado por la Fiscalía Estatal.
Desde la Coordinación de Comunicación Social giraron el texto a sus aliados para que le dieran con todo a MC y no bajaron de delincuentes a los alcaldes que hoy enfrentan el proceso de desafuero…se adelantaron a la resolución judicial…en la publicación que hicieron los oficialistas en redes sociales, ese sí a nado sincronizado, dejaron visible varias veces el nombre del archivo: «ComunicadoUrsulo.docx». Ni el mínimo cuidado tuvieron para borrar las marcas del documento original.
LOS ADVERSARIOS EQUIVOCADOS…Veracruz entra, aunque algunos pretendan negarlo, en una etapa de creciente tensión política. El reloj electoral comienza a pesar y, con él, aparecen los reacomodos, las disputas internas y la tentación de utilizar el poder para ajustar cuentas con adversarios, aliados incómodos, funcionarios o alcaldes que no se alinean a una determinada lógica política.
El señalamiento hecho por Vicente Aguilar Aguilar, dirigente estatal del PT, no es menor. Acusa presiones y chantajes de Morena hacia presidentes municipales y advierte que ese comportamiento puede fracturar la unidad de la llamada Cuarta Transformación. La frase es contundente: “Están viendo al adversario político en el lugar equivocado”.
Y ahí está, precisamente, el problema. Si Morena y funcionarios del Gobierno del Estado —también surgidos de ese partido— comienzan a confundir la disciplina política con subordinación, la coordinación institucional con obediencia y la crítica con traición, el riesgo no es solamente electoral: es de gobernabilidad.
El caso del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de Movimiento Ciudadano, coloca otra vez sobre la mesa el uso político de los instrumentos institucionales. Las versiones sobre un eventual juicio político o de procedencia deberán probarse, no alimentarse desde la filtración y la especulación. Si existen responsabilidades, que se acrediten conforme a la ley; si no existen, que nadie pretenda convertir los procedimientos constitucionales en herramientas de presión política.
Porque una cosa es combatir la corrupción y otra muy distinta es perseguir políticamente a quien no se somete. Morena tiene hoy el poder y, por lo tanto, también tiene la mayor responsabilidad. No puede pretender gobernar Veracruz bajo la lógica de “con nosotros o contra nosotros”. La democracia no se construye con alcaldes intimidados, aliados bajo sospecha permanente ni instituciones convertidas en trincheras partidistas.
El verdadero adversario no debería estar dentro de la propia coalición, ni en los ayuntamientos que piensan diferente, ni en quienes ejercen su derecho a disentir. El poder que se desgasta persiguiendo enemigos imaginarios termina fabricando adversarios reales. Y Veracruz, a estas alturas, necesita menos presión política y más resultados. Porque el proceso electoral que viene no se ganará con amenazas, chantajes ni expedientes filtrados. Se ganará —o se perderá— en las urnas, donde finalmente el ciudadano tiene la última palabra.