El Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tuxpan admitió el juicio de amparo y concedió una suspensión provisional a favor de cooperativas pesqueras de Tamiahua, Veracruz.
Esta medida obliga de forma inmediata a las autoridades federales a proteger a más de 2,000 pescadores, frenar la propagación de la contaminación y atender los riesgos ambientales generados por el derrame de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Golfo de México.
Esta acción legal, emprendida e impulsada por el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y el coordinador estatal en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz, busca frenar la impunidad y garantizar la reparación integral de los daños provocados a las familias del litoral veracruzano.
Al respecto, Álvarez Máynez destacó en sus redes sociales: “Acompañamos a cooperativas pesqueras de Tamiahua en la presentación de un amparo que en días pasados fue admitido y en el que se concedió una suspensión provisional que obliga a las autoridades a proteger a más de 2,000 pescadores, tomar medidas para impedir que la contaminación se extienda y agrave y atender de manera inmediata los riesgos ambientales provocados”.
El recurso legal responde a la contingencia ambiental iniciada en febrero de este año, cuando una fuga de petróleo causó severas afectaciones en cientos de kilómetros de litoral, contaminando playas, lagunas costeras, arrecifes y manglares, además de impactar a fauna marina protegida como tortugas, manatíes, delfines y aves. A la fecha, se han recolectado más de 900 toneladas de hidrocarburos y residuos en la zona.
Sobre el origen de la tragedia y la postura asumida por las autoridades, el dirigente nacional enfatizó: “En febrero de este año, una fuga de petróleo de Pemex provocó uno de los derrames de petróleo más graves registrados recientemente en las costas del Golfo de México. El daño fue enorme: cientos de kilómetros de litoral contaminados, decenas de comunidades afectadas y más de 900 toneladas de hidrocarburo y residuos recolectados (…) Y aunque primero lo negaron, ante la evidencia, el gobierno federal tuvo que reconocer la responsabilidad de Pemex. Desde entonces advertimos que esta tragedia no podía quedar impune y que los responsables tenían que asumir las consecuencias”.
Movimiento Ciudadano reiteró que mantendrá la presión legal para que se determinen las responsabilidades correspondientes, se atiendan las afectaciones económicas de las familias pesqueras y se ejecute con urgencia un plan integral de restauración ecológica, subrayando que las comunidades veracruzanas no deben pagar el costo de la negligencia ni del abandono institucional.
“Esta resolución es un primer paso, pero aún falta determinar responsabilidades, garantizar la reparación integral del daño ambiental y atender las afectaciones económicas sufridas por las comunidades pesqueras y, lo más importante, se ejecute un plan de acción urgente para restaurar las zonas y hábitats afectados”, concluyó Álvarez Máynez.